La Junta critica 'el cinismo y la doble moral' del PP en los recortes de las prestaciones sociales

En relación con la información difundida este miércoles por el PP de Huelva, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que manifesta que en un nuevo ejercicio de cinismo y doble moral, el PP vuelve a arremeter contra la Junta por recortar prestaciones sociales, pero no reconoce la destrucción paulatina del Estado del Bienestar que el Gobierno central está llevando a cabo a nivel nacional. Además, para ello, recurre nuevamente a la demagogia y a cifras que no son ciertas.En este sentido, la Junta le recuerda al PP que es el Gobierno de Mariano Rajoy el que está adoptando auténticas medidas que suponen una flagrante pérdida de garantías para las personas dependientes o necesitadas de especial atención.La Junta asegura que sirva de ejemplo que Andalucía va a percibir entre el año pasado y el presente un total de 214 millones de euros menos para dar cumplimiento a la Ley de Dependencia, tras reducir el Gobierno central su aportación al denominado nivel mínimo en más de un 13%. A esto se añade -continua el comunicado- una menor aportación para las cuidadoras (del 15%), cuyas ayudas incluso se encuentran en peligro de desaparecer con el cambio de normativa que está abordando el Ejecutivo, la eliminación de su cotización a la Seguridad Social, la disminución de la ayuda a domicilio o el retraso hasta 2015 de la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación para las personas con dependencia moderada.  En contraposición a esta postura, la Junta indica que los presupuestos autonómicos de 2013 ratifican la defensa de los derechos de los usuarios en situación de dependencia. Así, la Junta va a invertir una partida de 2,6 millones de euros más al año para amortiguar los perjuicios causados por el Gobierno del PP a este colectivo. En esta misma línea, también va a minimizar el descenso en la aportación económica a las cuidadoras a través de una norma autonómica que limita al 13,2% la reducción del 15% aprobada a nivel estatal.En el capítulo de personal, además, la Junta ha acordado la distribución de 10,3 millones de euros entre las diputaciones y los municipios de más de 20.000 habitantes para financiar, durante este año, el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales contratados como personal de refuerzo para la atención a la dependencia. Y va a destinar 287 millones de euros al desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio.Con ello, en la actualidad la administración andaluza asume el 80% de la inversión para el sistema de atención a la dependencia por sólo el 20% del Ejecutivo central.El panorama en otras áreas no es diferente. En el caso del Plan Concertado, que consiste en la subvención de los servicios sociales comunitarios que prestan las diputaciones y ayuntamientos, la Junta asume, hoy por hoy, el 86% del mismo por sólo un 14% del Estado, una situación insostenible y de total abandono. Hay que recordar que cuando se concibieron estas ayudas (año 1988), el compromiso era el reparto equitativo y la colaboración entre las administraciones. A pesar de este compromiso, la aportación estatal al Plan Concertado ha descendido entre 2012 y 2013 hasta un 67,13%, de forma que los entes municipales han dejado de percibir dos de cada tres euros que recibían por este concepto en 2011, abandonando así a los municipios en la labor de atender las necesidades de la ciudadanía.Para compensar el recorte del Gobierno de la PP, la Junta ha incrementado su aportación al Plan Concertado desde 2004 en un 35%, manteniendo durante el ejercicio de 2012 la misma aportación que en 2011: 42,5 millones de euros. En 2013, la cantidad destinada por la Junta es seis veces mayor que la inversión estatal, concluye el comunicado.Lo mismo sucede con otros programas, como es el caso del Plan de Desarrollo Gitano, cuya cuantía también se reduce por parte del Ejecutivo central un 61,32% los dos últimos años, al igual que los programas de drogodependencia, que han bajado un 50%.Pero el Estado no sólo ha descendido la financiación de la gran mayoría de prestaciones sociales, otros programas directamente los ha eliminado, tales como la atención a inmigrantes en materia de integración y alojamiento, atención a la infancia, servicio de apoyo a la familia, envejecimiento activo y discapacidad o salud pública y participación.En contraposición a ello, y a fin de atender las necesidades de los colectivos más vulnerables, la Junta ha duplicado en los presupuestos de este año los recursos previstos para el Programa de Inclusión Social, incorporando la puesta en marcha de un plan extraordinario de acción social dotado con 60 millones, y aumenta la parte destinada al Programa de Solidaridad –el denominado salario social-, al que este ejercicio consigna 70 millones de euros, con un incremento del 12,2%.