INVESTIGACIÓN SOBRE LA FORMACIÓN
Alaya imputa a once jefes de servicio de Formación de la Junta, entre ellos el de Huelva, por prevaricación y malversación
16.32 h. La juez los imputa por 'las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones'. Los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.
La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.
En un auto fechado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta –entre ellas, Huelva-, a quienes cita a declarar la próxima semana, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar.
Así, y además de a María Carril, la juez ha imputado a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García.
De igual modo, los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; el jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente.
Alaya ha imputado a todos ellos por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica.
“Omitieron” iniciar los expedientes de reintegro
A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención.
Además, omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar.
En el auto, y para un mejor esclarecimiento de los hechos que se investigan y determinación de las correspondientes responsabilidades penales, la juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones.
De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación en la época de la ex directora general de Formación María Teresa Florido, que según su declaración judicial fueron María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez. Así, Alaya pide comprobar la veracidad de tal afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, así como que la UCO informe de la identidad de tales jefes de servicio en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.
