Adiós al refuerzo bilingüe: el Gobierno paraliza la llegada a Huelva de más de 150 auxiliares de idiomas

A pocas semanas del inicio del curso escolar, los centros educativos de Huelva se quedarán sin los más de 150 auxiliares de conversación que se esperaban para reforzar la enseñanza de idiomas. La decisión la ha tomado la Consejería de Desarrollo Educativo, que ha suspendido el programa en toda Andalucía tras recibir una sanción de cinco millones de euros de la Inspección de Trabajo. El organismo, dependiente del Ministerio que dirige Yolanda Díaz, considera que los estudiantes extranjeros deben estar dados de alta en la Seguridad Social, un criterio que se ha aplicado únicamente en Andalucía a pesar de que el programa funciona con el mismo marco legal en todo el territorio nacional.

El motivo de la sanción es una supuesta «infracción muy grave en materia de extranjería por incorporar a territorio de la Unión Europea a trabajadores extracomunitarios». Para el Ministerio de Trabajo, los estudiantes extranjeros vulneraban la ley al no estar dados de alta como empleados, sino como personal de apoyo.

Para el curso entrante, que arranca el próximo 10 de septiembre, se esperaba la llegada a Huelva de 157 auxiliares, según los datos del año anterior. De ellos, la gran mayoría, 143, eran para el refuerzo de inglés, mientras que 8 se destinarían al francés y 6 al portugués. Ahora, su incorporación ha quedado paralizada.

Lo llamativo es que la Administración autonómica debe correr con el peso de la sanción, pese a ejercer un papel secundario en un programa liderado por el Gobierno central. Los jóvenes –en su mayoría norteamericanos– operan como estudiantes y no como trabajadores en cualquier lugar del país porque así lo decidió el Gobierno cuando arrancó el programa a comienzos de este siglo, pero ha sido aquí, en Andalucía, donde el Ministerio de Yolanda Díaz ha girado una inspección y ha ordenado una multa.

Fuentes oficiales de la Consejería de Desarrollo Educativo apuntan a otra desigualdad. De los 1.806 auxiliares previstos en Andalucía para este curso, la Inspección ordena que los 1.660 pagados por la Junta sí estén dados de alta, pero exime de esa misma condición a los 146 que percibirían sus emolumentos –unos 800 euros mensuales– del Ejecutivo central.

Ya a mediados de mayo, la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, envió una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que mostraba su sorpresa. En la misiva, Castillo exponía que «es un hecho incuestionable que es su Ministerio, junto con el competente en materia de asuntos exteriores, quien gestiona la entrada en España y, por tanto, en territorio comunitario, de estas personas, por lo que cualquier responsabilidad en materia de extranjería, de haberla, no sería en ningún caso de esta comunidad autónoma, sino del Gobierno de España».

A renglón seguido, la consejera mostraba su disposición a reactivar el proyecto pero insistía en las dificultades: «Le traslado la voluntad de esta Consejería de firmar la adhesión al programa [...] cuando se cumplan las garantías suficientes para la indemnidad de los intereses de la comunidad autónoma». Un mes después, la Junta remitió un escrito de alegaciones a Trabajo en el que recalca que las condiciones «vienen impuestas unilateralmente por el Ministerio», sin haber recibido aún respuesta.