en gibraleón

Acepta seis meses de cárcel y una multa 2.160 euros por construcción ilegal

13.37 h. El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado a un individuo a seis meses de cárcel y a pagar una multa de 2.160 euros por un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable, concretamente en una parcela de un polígono ubicado en Gibraleón, así como a demoler la vivienda, por un coste de más de 13.000 euros, y a la inhabilitación especial para el ejercicio de promotor o construcción de cualquier obra durante el periodo de un año.

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Según reza en la sentencia, de conformidad con las partes, tras presentar en sala el Ministerio Fiscal y la defensa un nuevo escrito de acusación conjunto en el que solicitaban estas penas a las que ha sido condenado, el juez considera probado que este hombre viene llevando a cabo desde hace varios años, en calidad de promotor y constructor, la edificación de una vivienda de unos 55 metros cuadrados en planta baja con tres habitaciones y 18 metros cuadrados en porche en la citada parcela.

Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable (rústico), por lo que no solicitó licencia municipal, y este individuo inició las obras pese a que en la parcela no existe explotación agrícola ni ganadera que las justifique, y su finalidad era de segunda residencia.

Detectadas las obras en marzo de 2011 por agentes del Seprona, en fase avanzada pero sin finalizar, se denunciaron ante el Juzgado en mayo de 2011 y el Ayuntamiento, al ser las mismas incompatibles con la legalidad urbanística, abrió un expediente de restauración de la legalidad el 30 de marzo de 2011.

El juez considera que las obras no son legalizables y el coste de su demolición se calcula por el Ayuntamiento en 1.460,73 euros y por la entidad encargada teniendo en cuenta la total restauración del terreno en 13.571,36 euros, que deberá consignar al Consistorio para la ejecución de la demolición.

En un principio, antes de llegar a un acuerdo con la defensa, la Fiscalía solicitó la pena de prisión de un año y una multa de 12 meses con una cuota diaria de ocho euros, la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años, y la demolición de la construcción reseñada. A su vez, la defensa pidió la libre absolución de su patrocinado, pero finalmente llegaron a un acuerdo ambas partes y finalmente fue condenado a seis meses de prisión y al pago de 2.160 euros, más los gastos de la demolición de la construcción.

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