El derribo del chiringuito El Portugués abre la puerta a más demoliciones en la costa de Punta Umbría
Varios establecimientos se encuentran en la misma situación, ocupando un espacio en la playa sin autorización de Costas
Uno de los chiringuitos ilegales de Punta Umbría inicia su demolición antes de recibir la orden
El Ayuntamiento de Punta Umbría abre expediente sancionador a todos los chiringuitos en situación irregular
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Iniciar sesiónEl derribo del chiringuito Costa Recife —más conocido como El Portugués— podría no ser un caso aislado. La decisión del veterano hostelero de iniciar por cuenta propia la demolición de su establecimiento en la playa natural de Punta Umbría, antes de recibir la orden oficial de Costas, abre la puerta a que otros empresarios en situación similar opten por seguir el mismo camino.
Da Silva, con una sentencia firme en contra y sin concesión vigente para ocupar dominio público marítimo-terrestre, explicaba esta semana que ha preferido asumir el coste de desmontar el chiringuito con sus propios medios antes que enfrentarse a una sanción mayor, pues la Administración le había informado de que, de personarse allí con las máquinas para ejecutar la demolición, tendría que afrontar un pago de 30.000 euros.
Ante este escenario, el hostelero ha optado por proceder al derribo por sus propios medios, tomando la iniciativa en un contexto que afecta a buena parte del litoral puntaumbrieño, donde un informe elaborado este verano tras la clausura del conocido Casa Diego sacaba a la luz que 18 de los 31 chiringuitos del municipio estaban operando fuera de la normativa vigente, ya fuese por carecer de licencia municipal apropiada o por no disponer de la necesaria concesión de Costas.
El Ayuntamiento de Punta Umbría abrió entonces expedientes sancionadores a todos los establecimientos en situación irregular, advirtiendo de que el cierre o la demolición se valorarían «caso por caso».
Operando sin concesión
La situación más delicada es la que afecta a un grupo concreto de siete chiringuitos que, según ha podido saber este periódico, carecerían de autorización de Costas para la ocupación del espacio, pues estaban dentro de planes de playa antiguos y no renovaron la concesión. Son estos negocios los que podrían verse obligados a derribar sus instalaciones, bien de forma voluntaria o tras la intervención de la Administración.
Así, en los casos en los que no existe concesión hay poco margen de maniobra. No se trata de una cuestión de licencias o tasas municipales, sino de ocupar un espacio que es dominio público estatal y que necesita contar con una autorización expresa.
En muchos casos se obtiene para estructuras desmontables que deben instalarse y retirarse cada temporada, pues la concesión es para unos meses determinados, pero obliga a la demolición de los establecimientos que se hayan montado con voluntad de permanencia.
Tal y como señalaba el propio Da Silva a las cámaras de Canal Sur en el inicio de la demolición del Costa Recife, su establecimiento no es el único de la costa puntaumbrieña que enfrenta esta situación de ilegalidad, con sentencia firme de Costas, por lo que habrá que ver si no hay más que siguen su ejemplo y toman la iniciativa en los derribos. Así, la posibilidad de que otros negocios sigan los pasos de Da Silva no se descarta, especialmente entre aquellos que saben que la demolición será, tarde o temprano, inevitable.
Mientras tanto, los empresarios del sector, pero también vecinos y clientes, aguardan a que se clarifique el futuro de los permisos de Costas y también las licencias municipales, conscientes de que la próxima temporada podría comenzar con un mapa de chiringuitos muy distinto en la costa puntaumbrieña.
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