Estos son los requisitos para que los agricultores de Doñana reciban hasta 100.000 euros por hectárea a cambio de acabar con sus cultivos
Tras años de conflictos, los interesados tienen hasta el 8 de septiembre para solicitar las compensaciones
La oferta busca reducir la presión sobre el acuífero, pero impone condiciones estrictas para evitar que se beneficien los infractores
El Gobierno firma la orden de las ayudas a agricultores de Doñana, que estará en consulta a finales de agosto
Tras años de tensiones y enfrentamientos políticos, los agricultores del entorno del espacio natural de Doñana tienen por fin este viernes sobre la mesa una oferta concreta para reconvertir sus fincas en zona forestal. Se trata de la puesta en marcha de las esperadas ayudas para el abandono de los cultivos de regadío, el corazón del histórico pacto que firmaron en noviembre de 2023 el Gobierno central y la Junta de Andalucía para intentar salvar el humedal. El plazo para solicitarlas, que se ha hecho esperar, estará abierto hasta el próximo 8 de septiembre.
Esta convocatoria, dotada con 28,5 millones de euros, representa la materialización de un acuerdo que puso fin a la llamada «guerra del agua». El pacto desactivó la polémica ley de regadíos impulsada por el Gobierno andaluz y la sustituyó por una hoja de ruta conjunta con una inversión total de 1.400 millones de euros hasta 2027, destinada a reducir la presión sobre los recursos hídricos y promover un nuevo modelo de desarrollo en la comarca. Ahora, esa promesa se traduce en dinero contante y sonante para quienes den el paso de arrancar sus fresas o arándanos y plantar en su lugar especies forestales.
La oferta económica es, sin duda, el principal reclamo. El programa, gestionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, establece una compensación base de hasta 70.000 euros por hectárea. Esta cantidad se distribuirá en primas anuales de 7.000 euros durante una década, un balón de oxígeno para quienes renuncien a los ingresos de sus cosechas. El compromiso a cambio es firme: el terreno debe mantenerse como superficie forestal durante un mínimo de 30 años. Para las fincas situadas en la Corona Norte de Doñana, el área más sensible y donde la sobreexplotación del acuífero ha sido más severa, la oferta es aún más atractiva. La ayuda se eleva hasta los 100.000 euros por hectárea, gracias a los fondos adicionales aportados por la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000 euros).
Requisitos estrictos
La convocatoria, regulada por la Orden TED/870/2025, exige cumplir una serie de condiciones rigurosas, diseñadas para asegurar que el dinero público cumple su objetivo y no sirve para blanquear ilegalidades pasadas. La letra pequeña de la orden ministerial es clara y establece varios filtros de exclusión que los solicitantes deben superar.
Un punto capital es que no se dará un pase a quienes tengan deudas con el medio ambiente. No podrán ser beneficiarios aquellos sobre los que pese una sanción administrativa firme por infracciones en materia de medioambiente, urbanismo o dominio público hidráulico. La única vía para sortear esta exclusión es haber cumplido íntegramente con la sanción antes de que se resuelva la convocatoria, lo que en la práctica significa que la ayuda no podrá usarse para pagar la multa. Esta condición busca evitar que las subvenciones se conviertan en una amnistía encubierta para quienes han incumplido la ley.
La exclusión es aún más tajante en el ámbito penal. Quedan automáticamente fuera de la convocatoria aquellas personas o entidades sobre las que recaiga una sentencia judicial firme por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, a menos que hayan cumplido todas sus obligaciones derivadas de dicha sentencia.
La salud financiera de los solicitantes también está bajo escrutinio. No podrán optar a las subvenciones las empresas que, según la definición de la Unión Europea, se consideren «en crisis». Esta medida pretende garantizar que los beneficiarios son entidades solventes y con la capacidad de llevar a cabo el compromiso de transformación y mantenimiento a largo plazo que exige la ayuda.
Asimismo, la transparencia y la responsabilidad administrativa son requisitos indispensables. Se excluye a las entidades que, teniendo la obligación legal de depositar sus cuentas anuales en el registro oficial, no se encuentren al corriente de dicho trámite. Del mismo modo, no podrán recibir fondos quienes tengan deudas pendientes por reintegros de otras ayudas o préstamos con cualquier Administración Pública, o estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas por parte de la Comisión Europea.
La comarca se asoma ahora a un futuro incierto pero con una hoja de ruta financiada que busca reconciliar, de una vez por todas, la actividad humana con la supervivencia del tesoro natural que es Doñana.
