Tumban la licitación de la zona azul de Matalascañas
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta obliga al Consistorio de Almonte a reformular el contrato si quiere seguir adelante con esta polémica medida
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Pese a que a finales del año pasado se aprobó en pleno en el Ayuntamiento de Almonte que Matalascañas tuviese, por primera vez en su historia, zona azul el próximo verano, finalmente todo queda en el aire después de que un tribunal haya tumbado, por segunda vez, la licitación. El consistorio condal debe decidir ahora, en un plazo de dos meses como máximo, si recurre esta decisión que es todo un jarro de agua fría para el Equipo de Gobierno de Francisco Bella, que defiende esta medida como necesaria para regular el intenso tráfico que tiene esta urbanización especialmente en verano.
En una información avanzada por ABC, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) ha anulado la licitación impulsada por el Ayuntamiento de Almonte para la implantación de la zona azul en Matalascañas, estimando parcialmente el recurso especial interpuesto por la empresa IPARK Estacionamientos y Servicios de Movilidad, S.A.U. Es la segunda vez que un órgano judicial o administrativo tumba un intento del Consistorio de establecer el estacionamiento regulado en este enclave costero.
La resolución 58/2025, dictada el pasado 31 de enero y a la que ha tenido acceso ABC, anula el anuncio de licitación y los pliegos del contrato, que preveía una concesión por 30 años con un valor estimado de 40,6 millones de euros. La decisión del Tribunal se fundamenta en defectos de configuración del contrato, especialmente por la inclusión de obras de asfaltado en la concesión sin una justificación técnica clara, lo que podría restringir la competencia. Además, señala la inseguridad jurídica en la determinación de tarifas y en la definición de los residentes con derecho a bonificaciones.
El Ayuntamiento de Almonte argumentaba que las obras estaban directamente vinculadas a la prestación del servicio de estacionamiento regulado, pero el TARCJA ha considerado que no se ha probado que la pavimentación afectase exclusivamente a la zona ORA y que se introducían requisitos que podían desalentar la participación de licitadores. Precisamente ése es uno de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para defender la zona azul, que ésta serviría para que la empresa concesionaria también asumiera el arreglo de las calles.
Quién paga y quién es abonado
En cuanto a las tarifas, la resolución subraya que la falta de concreción en su fijación y en la categorización de residentes genera una incertidumbre que contraviene la normativa contractual.
El Tribunal también ha cuestionado la duración del contrato, que se extendía a 30 años, considerándolo excesivo en relación con la naturaleza del servicio prestado. Aunque la legislación permite contratos de concesión superiores a cinco años cuando esté justificada la inversión, en este caso la motivación principal del extenso periodo estaba vinculada a la amortización de las obras de asfaltado, cuya inclusión en el contrato ha sido declarada irregular.
El TARCJA concluye que el Ayuntamiento deberá reformular la licitación si pretende seguir adelante con la zona azul, separando adecuadamente las inversiones en infraestructuras de la concesión del servicio de estacionamiento. Se recomienda, además, una mayor claridad en la determinación de las tarifas y de las condiciones que afectan a los residentes.
Este nuevo revés judicial supone un obstáculo más para el Ayuntamiento en su pretensión de implantar el estacionamiento regulado en Matalascañas, un proyecto que ya fue rechazado anteriormente por otro recurso. Ahora, el Consistorio tendrá que decidir si reformula la licitación con los cambios exigidos o si abandona definitivamente la iniciativa. Contra esta resolución solo cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses.