La Fiscalía pide más tiempo para investigar por qué el Ayuntamiento de Punta Umbría no actuó contra el chiringuito «ilegal»
El representante del Ministerio Público ha solicitado ampliar el plazo de instrucción al juez en un escrito donde subraya cómo el Consistorio intentó amparar el uso ilegal de un espacio protegido por parte del establecimiento investigado
El juez que ha provocado el cierre del chiringuito Casa Diego Canaleta de Punta Umbría: «Durante años se ha permitido una actividad prohibida, molesta e insalubre»
Clausuran el conocido chiringuito Casa Diego Canaleta en Punta Umbría tras denuncias vecinales
La Fiscalía ha solicitado ampliar los plazos de la instrucción que dirige el juzgado nº 4 de Huelva contra dos alcaldes de Punta Umbría -el actual regidor José Carlos Hernández Cansino y su antecesora Aurora Águedo- y el dueño del conocido chiringuito Casa Diego Canaleta por delitos de prevaricación y contra el medio ambiente. La ley establece un plazo máximo de 12 meses prorrogables en caso de que no pudiera concluirse una investigación judicial dentro de ese periodo.
El juez ya ha comunicado que dará curso a esa petición tan pronto se personen los investigados, que acaban de ser citados a declarar en un auto hecho público recientemente. El empresario está previsto que declare el próximo 7 de octubre y un día después lo hará el actual regidor y la anterior alcaldesa.
El Ministerio Fiscal investiga cuáles son los motivos que llevaron al Ayuntamiento de Punta Umbría a no actuar contra un negocio «ilegal» -así lo califica el juez- que carece de licencia de apertura porque se montó en un espacio no autorizado hace años. En un escrito remitido al juzgado y del que se hace eco el instructor, el fiscal señala cómo desde el propio Consistorio, cuando gobernaba la socialista Aurora Águedo, se firmaron varios informes en los que se amparaba el funcionamiento de este negocio, a pesar de carecer de la autorización que debe tener todo establecimiento. Unos documentos que están incorporados a la causa y en los que el Gobierno local lanzaba la pelota al tejado de la Junta y del Gobierno central (Costas) a los que les reprochaba no haber regularizado la situación de ese tipo de establecimientos en Punta Umbría.
«De la lectura del informe hemos de señalar que sorprende que el uso de la playa, bien común, se supedite a unos intereses particulares, estableciendo en un informe escrito que el Ayuntamiento va a tratar de amparar la utilización que fuera de la ley viene haciéndose del espacio de Dominio Público Marítimo Terrestre, sin adoptar medidas que pongan fin a la actuación ilegal, pese a las numerosas quejas vecinales», señala el Ministerio Fiscal, que pone el foco en la «desidia» del Consistorio.
El temor al coste electoral
Fuentes próximas al caso señalan a este periódico que detrás de esa inacción estaba el temor de los Gobiernos locales a pagar un peaje electoral con medidas poco populares como cerrar un negocio de esas características en verano. Y es que el cierre del Casa Diego Canaleta ejecutado la semana pasada fue respondido por numerosas críticas y hasta el anuncio de movilizaciones por parte de los trabajadores. Si bien, en un primer momento se desconocía el alcance de la investigación emprendida por el juzgado.
El juez ya tiene en su poder un listado con todas las denuncias que han realizado los vecinos de la Canaleta contra el establecimiento desde el año 2019. La mayoría de ellas son quejas por exceso de ruidos. Juez y Fiscalía también indagan en qué papel ha tenido la Policía Local a lo largo de estos años y si los funcionarios policiales hicieron la vista gorda.
Así, el juez pone de ejemplo lo ocurrido en el 28 de julio de 2019, cuando unos agentes se personaron tras las llamada de los vecinos a las 4.30 de la mañana y le comunicaron al responsable del establecimiento que iba a ser denunciado por incumplimiento de horario sin la adopción de ninguna medida como el precinto de los equipos de música o el desalojo del establecimiento. «No se comprende bien a qué horario hacen referencia los policías locales cuando es un chiringuito que viene funcionando sin autorización», subraya el fiscal. «A lo que cabe añadir: si reproduce música a gran volumen a las 4:30 de la madrugada, si está repleto de gente bailando y tomando copas; no es un chiringuito, es una discoteca. ¿Qué servicio público esencial presta a la playa una Discoteca sin licencia situada en una zona protegida?», señala, por su parte, el juez en su escrito. Y es que el Consistorio firmó varios decretos en los que calificaba de «servicio público esencial» para justificar que no ordenara el cierre.
El próximo 29 de julio están llamados a declarar los primeros testigos, que son el presidente de la comunidad de vecinos afectada por los ruidos y los firmantes de las denuncias.
