Los 15 municipios onubenses que incumplen la norma de tener un plan contra incendios
Las localidades sin Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) quedan excluidos de subvenciones autonómicas y asumen responsabilidades civiles, además de poner en riesgo a su población
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La provincia de Huelva encara la temporada estival de 2025 con una realidad preocupante: 15 de sus 80 municipios aún no han cumplido con la obligación legal de contar con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) homologado, pese a que todos los ayuntamientos onubenses se encuentran catalogados como zona de alto riesgo de incendios forestales según el Plan Anual de la Junta de Andalucía. Esta situación supone que casi una quinta parte de los consistorios provinciales mantienen a sus vecinos en una situación de vulnerabilidad ante una amenaza que ha marcado el territorio en los últimos años.
El panorama actual representa, no obstante, una mejora sustancial respecto a la situación histórica de la provincia. En 2008, 49 de los 79 municipios onubenses carecían de este instrumento de protección, una cifra que evidenciaba el grave retraso acumulado en esta materia. La intervención del por entonces Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, mediante una actuación de oficio dirigida a los 143 ayuntamientos andaluces incumplidores, marcó un punto de inflexión en la concienciación municipal sobre esta obligación legal.
Los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales constituyen instrumentos fundamentales de protección según establece el Decreto 371/2010. Su principal objetivo es establecer el marco organizativo y los procedimientos de actuación para hacer frente a incendios forestales que puedan afectar al término municipal, integrándose en el dispositivo autonómico y adaptándose a la realidad territorial, demográfica y ambiental de cada localidad.
La estructura de un PLEIF debe contemplar diversos elementos: un análisis detallado del riesgo que incluye características del territorio, usos del suelo, vegetación, puntos críticos e histórico de incendios; la zonificación del término municipal con identificación de zonas de peligro y mixtas urbano-forestales; la relación de recursos disponibles como autobombas, brigadas, retenes y puntos de agua; la organización operativa con designación de responsables y estructura de mando; protocolos de actuación para evacuaciones y confinamientos; y cartografía temática de riesgos y accesibilidad.
La 'lista negra'
A fecha de hoy, los 15 municipios que mantienen pendiente esta obligación legal son Arroyomolinos de León, Beas, Bollullos Par del Condado, El Campillo, Castaño del Robledo, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Galaroza, La Granada de Río-Tinto, Hinojos, Los Marines, Manzanilla, Rociana del Condado, Trigueros y Zalamea la Real. A la luz de este listado, la mayoría de los incumplidores son municipios pequeños –la mayoría con menos de 2.500 habitantes– y en general se concentran en la Sierra de Aracena, la Cuenca Minera y la zona de Condado-Campiña.
En cuanto a la clasificación de toda la provincia como zona de peligro deriva del análisis del riesgo por combustibilidad, orografía, meteorología e histórico de incendios. Esta catalogación responde a la realidad de un territorio que ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de Andalucía en los últimos años. Entre ellos, el fuego de Almonaster la Real de 2023, que obligó al desalojo de 3.150 personas y a la movilización de más de 2.000 efectivos. Anteriormente, el incendio de Las Peñuelas en Moguer, iniciado el 24 de junio de 2017, había afectado gravemente al Espacio Natural de Doñana con 10.340 hectáreas calcinadas –en Almonte, Lucena del Puerto y Moguer– de las 12.184 que se perdieron ese año en la provincia.
La falta de un PLEIF homologado, por otra parte, acarrea no pocas consecuencias legales y operativas para los municipios incumplidores, como la inhabilitación para recibir subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente, la asunción de responsabilidades civiles en caso de siniestro y el ser excluidos del operativo Infoca para coordinación avanzada. Aunque, por supuesto, la principal consecuencia es la mayor exposición de la población a un futuro incendio.
La Diputación al rescate
Para solventar estas carencias, especialmente en el caso de los pequeños ayuntamiento, la Diputación Provincial ha activado un programa de asistencia técnica urgente para los municipios incumplidores, estableciendo como plazo límite el 31 de octubre de 2025. Los avances recientes, como la presentación de los planes por parte de Cala, Santa Olalla del Cala y Villanueva de los Castillejos, evidencian que el proceso de homologación está experimentando una aceleración, aunque aún resta trabajo por completar en los 15 ayuntamientos restantes.
La temporada de incendios de 2024 finalizó en Huelva con 257 hectáreas quemadas, convirtiendo a la provincia en la tercera con menos superficie afectada de toda Andalucía y registrando la menor cifra de los últimos diez años, un dato que habla de la eficacia de estos dispositivos, pero también la importancia de que todos los municipios cuenten con sus herramientas de planificación actualizadas para mantener estos niveles de protección.
