¿Vuelve el debate de la Huelva-Cádiz?

Y es que los principales argumentos que ha manejado la administración autonómica para considerar el proyecto inviable es el impacto ecológico que esta infraestructura supondría para el espacio natural. Esta afirmación, respaldada y discutida desde distintos ámbitos, que daba autoridad moral al Gobierno andaluz en su rechazo a un trazado que atravesara el entorno de Doñana, pierde gran parte de su fuerza al permitir que una empresa privada utilice este territorio –considerado hasta hace poco “intocable”– para inyectar y almacenar gas, además de construir las infraestructuras necesarias para hacer posible el proyecto. Además, desde el punto de vista ciudadano, y puestos a ‘profanar’ el considerado por muchos principal tesoro natural de España, estaría mucho más justificado si el fin no es el beneficio de una empresa privada y sí comunicar por vía terrestre y de forma directa las capitales onubense y gaditana. Profanación, decimos, que no sería tal según sus defensores –el PP, C’s y distintas asociaciones empresariales de ambas provincias–, al menos si nos ceñimos al trazado que parte de la A-49, se desvía a la altura de Bonares por la A-484 y discurre por los municipios de Isla Mayor y Lebrija, reduciendo en unos 45 minutos la ruta actual que obliga a pasar por la capital hispalense. Naturalmente, a nadie se le escapa que el asunto del gas no supone inversión pública alguna, mientras que una autovía como la que se reclama sí implica un desembolso multimillonario. De hecho, los adalides de la Huelva-Cádiz consideran que es ésta la verdadera causa del ‘no’ gubernamental a su construcción, y no los argumentos ambientales. ¿Confirma esta teoría la autorización oficial a las operaciones gasísticas en Doñana? ¿Se valdrá de esta incongruencia la oposición para resucitar el debate de la Huelva-Cádiz? Pronto lo sabremos.... el curso político no ha hecho más que arrancar.