El Gobierno firma un protocolo con tres ayuntamientos para mejorar las condiciones de vida de los temporeros en Huelva
Entre las medidas que se plantea está la adquisición de viviendas o la rehabilitación de espacios para que estos trabajadores no sigan viviendo en asentamientos con condiciones infrahumanas
20 años malviviendo en un asentamiento chabolista en Huelva
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha suscrito este martes en Huelva un protocolo de colaboración con los Ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto para mejorar las condiciones habitacionales de los temporeros. Esta firma se produce apenas unos días después de la sucesión de fuegos que se declararon en dos de los municipios firmantes y que afectaron a dos de esos asentamientos. Unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil y cuyas pesquisas apuntan a que pudieron ser intencionados.
Según la información facilitada por la Administración del Estado, el protocolo tendrá una duración de tres años «y sienta las bases para posteriores instrumentos jurídicos». En el acto de la firma han estado presentes la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos Garijo, y los alcaldes de los tres municipios implicados; además de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.
La colaboración entre administraciones contempla medidas como la adquisición o rehabilitación de viviendas, así como la adecuación de espacios para su uso residencial. En el protocolo no se establece aún cómo será el mecanismo de ayuda desde la Administración del estado pero se pretende «canalizar apoyo financiero hacia los tres municipios firmantes, de forma que puedan adaptar las soluciones a las características concretas de su territorio», señalan a través de una nota de prensa.
Esta actuación está dentro del paquete de iniciativas que tienen como asunto nuclear la transformación del entorno de Doñana para una mejor conservación del espacio natural. En este inmenso cajón van desde políticas hídricas hasta iniciativas sociales como ésta. Dentro del apartado de actuaciones socioeconómicas se ha reservado una partida global de 350 millones para mejorar las condiciones de vida de las personas temporeras, pero también para otros aspectos como mejorar la empleabilidad en la zona o políticas de apoyo al sector agroalimentario, ganadero y forestal.
