La Policía Nacional en Huelva, ha procedido a la detención de dos personas, una de ellas un empresario onubense del sector agrícola por delitos de estafa, coacciones, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, tras una investigación iniciada por la denuncia de un particular, al poner en conocimiento los hechos delictivos.
Dicho particular y de forma desinteresada, presentó documentación precisa, habida cuenta que lo había obtenido de las propias víctimas quienes por miedo a las coacciones y amenazas de los detenidos, así como por el estado irregular de sus situaciones administrativas, no tenían el valor suficientes para denunciar los hechos.
Una vez analizada la información aportada y tomada la denuncia inicial, había más que indicios suficientes de que se estaban cometiendo los referidos delitos, se llevaron a cabo las diligencias oportunas en aras a esclarecer los hechos denunciados y depurar las posibles responsabilidades penales que de ellos pudieran derivarse, así como poder localizar a todas las posibles víctimas y brindarles la protección debida
Fruto de las actuaciones policiales se logró localizar a varias víctimas que mostraron interés en colaborar con la investigación, algunas de los cuales declararon incluso haber pagado hasta 6.000 euros al empresario para que éste les facilitara un contrato de trabajo.
Reseñar que además de los pagos por las contrataciones, el empresario les descontaba de sus nóminas los abonos correspondientes por sus seguros sociales.
Pésimas condiciones laborales
Las víctimas aportaron documentos videográficos de encuentros con el empresario, donde abiertamente exigía cantidades de dinero, así como discusiones del propietario de la mercantil con algunos de sus empleados por desacuerdos ante estas retribuciones, grabaciones que las propias víctimas aportan con la intención de demostrar las pésimas condiciones laborales en las que se encontraban así como medio de prueba habida cuenta por el temor que siente a las amenazas y coacciones del empresario ya que sus regularizaciones quedan sustentas a que éste les mantenga o no empleado al menos a lo largo de un año de forma continuada
Se significa la complejidad de la investigación policial ya que las víctimas son nacionales de terceros países y tenían el temor de que se vieran paralizados sus expedientes de regularización y por ende se les incoaran otros de propuesta de sanción o expulsión por su situación administrativa irregular.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos, donde la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y un correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando la llamada registrada en la factura telefónica.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión