Nueva agresión en la prisión de Huelva: un recluso ataca a cabezazos a los funcionarios
El incidente ocurrió el lunes en el Departamento de Ingresos cuando los funcionarios intentaron reconducir a un interno que insultaba a otros reclusos, resultando heridos varios trabajadores
La prisión de Huelva es la tercera cárcel más peligrosa del país
Varios funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva han resultado heridos tras una nueva agresión ocurrida la mañana del pasado lunes, cuando un interno propinó cabezazos a los trabajadores que intentaban reconducir su actitud violenta en el Departamento de Ingresos del centro.
El sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado este nuevo episodio de violencia que tuvo lugar durante el turno de mañana en el departamento donde se gestionan las entradas y salidas de los internos. Según la nota de prensa del sindicato, un interno recientemente ingresado comenzó a insultar al resto de reclusos presentes en la sala de día del departamento.
Los funcionarios de servicio intentaron reconducir al interno a una zona de seguridad para que se tranquilizara y cesara en su actitud, pero el recluso reaccionó de forma violenta propinando cabezazos que alcanzaron el rostro de varios trabajadores. Tras ser avisados por walkie-talkie, otros funcionarios del departamento contiguo acudieron en su auxilio, logrando reducir y trasladar al agresor a otras dependencias.
Como consecuencia del incidente, varios funcionarios sufrieron diversas contusiones. Uno de los agredidos, que recibió el impacto de un cabezazo en el rostro, aunque fue atendido inicialmente por los servicios sanitarios del centro penitenciario, tuvo que acudir posteriormente a un centro médico para ser valorado.
El sindicato TAMPM ha aprovechado este nuevo episodio para denunciar la falta de medios y personal en las distintas áreas del centro, así como la pasividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que mantiene un Protocolo de Agresiones que consideran «obsoleto y pendiente de reforma». La organización reclama, además, la urgente necesidad de que los funcionarios sean nombrados Agentes de la Autoridad.
Este colectivo acusa igualmente al director y subdirector de Seguridad del centro penitenciario de ser responsables del «mal ambiente» generado en la plantilla al poner en cuestión «numerosas actuaciones de los trabajadores», provocando que muchos «no se sientan respaldados por la dirección».
Un historial lamentable
El Centro Penitenciario de La Ribera de Huelva se ha consolidado durante 2025 como el tercer centro penitenciario más peligroso de España, según los datos oficiales del Ministerio del Interior publicados en mayo. La prisión onubense registró 23 agresiones a funcionarios en 42 episodios conflictivos durante 2024, ascendiendo desde el cuarto puesto que ocupaba en 2023 y superando a la prisión de Dueñas en Palencia. Esta escalada de violencia se confirmó con un nuevo incidente el 7 de mayo de 2025, cuando un interno propinó una patada en la cara a un funcionario en el Departamento de Enfermería tras mostrar su desacuerdo con una consulta médica. El centro también lidera las estadísticas nacionales en decomiso de objetos punzantes, con 97 armas rudimentarias incautadas durante 2024, además de 15 teléfonos móviles, 279 litros de alcohol etílico, 569 gramos de cannabis, 7,84 gramos de cocaína y 5,33 gramos de heroína.
El sindicato CSIF atribuye esta situación crítica a la incorrecta clasificación de reclusos, con internos que deberían estar en primer grado ubicados en módulos de segundo grado, y a la fiscalización extrema del trabajo de los funcionarios por parte de la subdirección de Seguridad, lo que provoca que intervengan con excesiva cautela y reciban más agresiones. La plantilla trabaja habitualmente por debajo de los servicios mínimos y en el área sanitaria solo está cubierta la mitad de los facultativos necesarios, situación que se agrava durante los períodos vacacionales. Ante esta realidad, la organización sindical exige medidas urgentes que incluyen el refuerzo de plantillas, la mejora de los protocolos de seguridad y el reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad para hacer frente a las agresiones y a las irregularidades como la fabricación de armas por parte de los internos.
