Ruth Ortiz pide proteger a las víctimas de violencia vicaria para «no volver a revictimizarnos»
Tras conocer que el Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales
Ruth Ortiz, tajante: «De ninguna manera podemos dar voz a asesinos»
Ruth Ortiz logra que la Justicia paralice el libro donde Bretón confiesa el asesinato de sus hijos
Ruth Ortiz, madre de Ruth y José, los menores asesinados por su padre, José Bretón, en septiembre de 2011 en Córdoba, y por lo que fue condenado en 2013 a 40 años de cárcel por el doble asesinato, ha afirmado que «nos deben proteger a las víctimas que tengamos hijos asesinados» y «hacer todo lo posible» para «no volver a revictimizarnos».
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press, después de conocer que el Ministerio de Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir a asesinos de violencia vicaria difundir información de su caso a medios de comunicación o editoriales, tras la polémica surgida por el libro 'El odio', de Luisgé Martín, sobre José Bretón, asesino de Ruth y José.
Fuentes ministeriales han asegurado también que están analizando si incluir esta medida en un paquete específico o en uno más amplio sobre violencia vicaria. Si bien, han añadido que esta modificación dependerá del transcurso de las negociaciones actuales con los grupos parlamentarios sobre las medidas a aterrizar del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Ruht Ortiz inició trámites legales para evitar la publicación de la obra. Concretamente, a través del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA), presentó un escrito a Fiscalía de «solicitud de ayuda, auxilio y amparo» en el que señalaba que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.
Tras conocerse la paralización del libro por parte de la editorial Anagrama después de que la Fiscalía de Córdoba también pidiera la paralización del mismo a la Audiencia de Córdoba al considerar «necesario» adoptar medidas de protección y apoyo para Ruth Ortiz, la madre de los pequeños manifestó que sentía «algo de alivio, aunque el daño »ya estaba hecho« y mostró su agradecimiento a »todas las personas« que habían apoyado la campaña 'En mi librería no', iniciada por la librería Carmen de Parla, ubicada en Madrid, para evitar la venta del libro.
En una misiva enviada a los medios, Ortiz destacó que «no podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos» para que «puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas» y añadió que, «si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir».
La madre de los pequeños dijo que «cuando una mujer pide ayuda, una madre pide ayuda, es porque de verdad la necesita» y afirmó que tenía «una esperanza» que es la de que «entre todos, conseguiremos parar cualquier tipo de violencia que se ejerza hacia la mujer».
Tras todo ello, la Fiscalía de Córdoba remitió a Violencia Sobre la Mujer de Huelva una denuncia de Ruth Ortiz, por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena de Bretón ante los comentarios recogidos por los medios de comunicación sobre el contenido del libro que la editorial finalmente decidió no publicar.
A pesar de que los tribunales avalaron la publicación del libro, Anagrama decidió extinguir el 16 de abril el contrato para su publicación y distribución. «Tras la finalización de la relación contractual, todos los derechos de la obra, cedidos en su día a la editorial, vuelven a ser propiedad del autor», informó la editorial en un comunicado en redes sociales.
Estudio de la reforma del Código Penal
El departamento que dirige Ana Redondo está valorando introducir una pena accesoria en este sentido en los artículos 39 y 48 del Código Penal --en los que se recogen ya las penas de prohibición de residencia en el entorno de la víctima, aproximación y/o comunicación con la víctima o la privación de la patria potestad y el posible control telemático de estas medidas--.
El objetivo de esta modificación es impedir al asesino comunicar cualquier información a terceros que tenga que ver con la cuestión que le ha llevado a estar en la situación de pena de libertad, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima.
Según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor. No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal, según estas fuentes.
