La Ley de la Vivienda, aprobada en 2023, marcó un punto de inflexión en la regulación del mercado inmobiliario español. Esta normativa, impulsada con el objetivo de garantizar un acceso más justo y estable a la vivienda, introdujo una serie de medidas que afectan directamente a los contratos de alquiler. Con ello, el Gobierno busca evitar incrementos desproporcionados en los precios del alquiler y dotar de mayor previsibilidad a inquilinos y propietarios.
El problema del precio de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones en España. En muchas ciudades, los alquileres se han disparado por la falta de oferta y la alta demanda. Factores como la ubicación, el estado del inmueble o la competencia por conseguir piso influyen en el precio final, aunque la Ley de Vivienda busca poner un tope claro para evitar incrementos abusivos y dar algo de respiro a los inquilinos.
Este es el límite legal que te puede subir el casero el alquiler, según la Ley de Vivienda
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sigue marcando las reglas sobre cómo se puede actualizar el precio del alquiler de una vivienda. Según su artículo 18, la renta solo puede revisarse cada año si así se ha pactado expresamente en el contrato. Si no hay acuerdo sobre la actualización, el precio se mantiene igual durante toda la vigencia del contrato.
Hasta ahora, el Índice de Precios al Consumo (IPC) era la referencia habitual para calcular esas subidas. Sin embargo, la LAU prevé que, cuando no se indique un índice concreto, se utilice el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC). En cualquier caso, la actualización debe realizarse tomando el valor del índice publicado dos meses antes de la revisión de la renta, y el propietario debe avisar al inquilino con al menos un mes de antelación.
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Se toma como referencia el precio actual del alquiler, según lo firmado.
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Convertir el porcentaje de IPC en una forma decimal (por ejemplo, si tomamos el de agosto de 2025, se convierte en 0,027).
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Para calcular el aumento, multiplicar el decimal por el alquiler actual
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El nuevo precio se obtiene sumando ese aumento calculado y el alquiler actual.
Durante los años 2022 y 2023, el Gobierno impuso un tope del 2% a las subidas de alquiler, medida que se amplió a un máximo del 3% en 2024. Esto significó que, aunque el IPC fuera más alto, el casero no podía aplicar un incremento superior a esos límites. Sin embargo, desde el pasado 1 de enero de este 2025, los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (mayo de 2023) ya no se actualizan con el IPC, sino con un nuevo índice de referencia elaborado por el INE. Este indicador tiene en cuenta varios factores (como el IPC, la inflación subyacente y la media ajustada) y su valor se sitúa en torno al 2,7% en agosto de 2025. En cambio, los contratos anteriores a la nueva ley seguirán actualizándose según lo que se haya pactado entre propietario e inquilino, normalmente el IPC.
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