Sindicatos y Junta firman un «acuerdo histórico» para la mejora salarial de 65.000 empleados públicos

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06/11/2025 a las 20:34h.

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Las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y la Junta de Andalucía han alcanzado este jueves un preacuerdo, que será ratificado este viernes en la Mesa General de Negociación Común, para la mejora del empleo público y la prestación de servicios «de calidad» en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Entre las mejoras, las condiciones laborales y salariales de más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz entre personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental.

El preacuerdo tiene un alcance económico de 250 millones de euros y sienta las bases de un acuerdo con un horizonte temporal de cinco años, que consolida los procesos de modernización y mejora del sector público andaluz y que se estructura en cuatro ejes, según ha cifrado el propio Ejecutivo andaluz en un comunicado.

Este «avance» ha sido posible «gracias a la presión sindical ejercida» por las tres organizaciones en las últimas semanas tras el anuncio de movilizaciones por la «paralización» del proceso y la falta de informe económico favorable sobre las cuantías negociadas «durante meses», han apuntado los tres sindicatos en un comunicado de prensa conjunto.

En declaraciones a los medios en Cádiz, el consejero de Justicia, Función Local y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha agradecido a las partes la negociación «discreta y leal» y el «compromiso e implicación» en la modernización de la Administración. Nieto ha calificado el acuerdo de «histórico» por cuanto supone un «salto de calidad».

El acuerdo permite, en palabras de las tres organizaciones sindicales, «recuperar el diálogo y la senda negociadora y garantizar la continuidad de los compromisos en materia retributiva y de mejora de las condiciones laborales, en beneficio del conjunto del personal público andaluz«. CSIF, UGT y CCOO han remarcado que el preacuerdo es resultado de »una posición responsable pero firme« en la que las organizaciones han exigido a la Administración »mantener los compromisos esenciales« alcanzados durante la negociación, »sin aceptar desviaciones respecto al marco pactado«.

Según ha detallado el consejero, durante los últimos meses, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha liderado «un proceso de negociación sereno, constante y discreto, con la colaboración de las Consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y la de Sanidad, Presidencia y Emergencias; y con la implicación personal del presidente de la Junta de Andalucía, cuyo compromiso con la modernización de la Administración y con la mejora del empleo público ha sido determinante para alcanzar este consenso«.

El mencionado convenio preliminar supondrá una «transformación» de la Administración autonómica mediante la simplificación de procedimientos y la digitalización de servicios, al mismo tiempo que tiene como pilar fundamental la mejora del empleo público, «condición indispensable para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía». En este sentido, se establece un modelo basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, a la par que una mejora de las condiciones laborales y salariales de las empleadas y empleados públicos afectados por el ámbito de aplicación de este preacuerdo.

El impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de ciertos puestos de trabajo, a través de una gestión planificada de vacantes, es otro de los puntos que se establecen en el preacuerdo. Con esta medida se pretende una anticipación a las necesidades «futuras y reales» de la Administración, la optimización de los recursos humanos disponibles y la «corrección de los desequilibrios funcionales y territoriales existentes».

Del mismo modo, la adecuación de los recursos humanos a los centros de trabajo «garantizará» el mantenimiento de las plantillas actuales y «se evitará» la externalización de funciones propias, una situación que también se da en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para lo que la Administración se encaminará hacia un modelo de PRL integral, a excepción del Servicio Andaluz de Salud, con un servicio propio y con recursos disponibles.

Otra de las acciones consensuadas será impulsar el desarrollo normativo necesario para regular la cobertura de puestos de responsabilidad en la Administración General. En este sentido, se establecerán criterios «claros» de selección y evaluación avanzando hacia procedimientos «objetivos y transparentes», potenciando el sistema de concurso específicos sobre los puestos de libre designación.

De igual manera, el pacto incluye una reconfiguración organizativa para contar con estructuras «ágiles y eficientes», con modelos «multidisciplinares y adaptativos» mediante la gestión por proyectos, la optimización de recursos, la eliminación de duplicidades y la consolidación de servicios comunes. La finalización de la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral antes del 31 de diciembre de 2025 es otro de los puntos acordados, así como el compromiso institucional para impulsar la formación continua como eje estratégico de la modernización de una Administración más ágil e inclusiva, poniendo especial enfoque en áreas como la Administración electrónica, las TIC y el análisis de datos.

Por último, con el preacuerdo, en 2026 se iniciará la recuperación del derecho a las ayudas de acción social de los empleados públicos andaluces, que fueron suspendidas en 2012 y que «priva» al personal de la Administración de prestaciones para una mejor conciliación familiar y laboral, para el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo, o de carácter sociosanitario.

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