Ecologistas en acción considera que deben ser desestimadas las solicitudes de incremento de agua pública para riego en el ámbito de Doñana

Ecologistas en Acción se muestra contraria a las nuevas concesiones de agua pública para incrementar los riegos en el ámbito de Doñana, en los términos municipales de Moguer, Palos de la Frontera, Bonares y Lucena, por lo que ha presentado alegaciones a las solicitudes de concesión de un incremento de 12 hectómetros cúbicos para un incremento en 1000 hectáreas de la superficie regable en la zona. La Comunidad de Regantes de El Fresno y la de Palos de la Frontera han solicitado sendos aumentos de la concesión de agua pública para el riego que tienen autorizados desde el año 2014, en que se inició el proceso de regularización. Entre ambas Comunidades de Regantes suman una superficie de unas 6400 hectáreas, para la cual tienen autorizada una cantidad de 26,5 hectómetros cúbicos de agua pública. Actualmente solicitan un aumento conjunto de 12 hectómetros cúbicos, para un incremento de superficie regable de 1000 hectáreas. Los argumentos empleados son, por una parte, el aumento de las superficies a regar, si bien este dato está escasamente justificado en la solicitud y, además, presenta muy poca claridad y transparencia sobre las nuevas fincas a regar. Por otra parte, argumentan la necesidad de nuevas concesiones para agua industrial y para más cantidad de agua para las fincas ya regadas. Para Ecologistas en acción, los proyectos presentados adolecen de una falta total de transparencia y coherencia. No puede ser ni tramitada ni aprobada una solicitud donde los datos son confusos, dispares y a veces contradictorios, apareciendo desequilibrios muy significativos entre lo que parece solicitar la Comunidad de Regantes, y lo que analiza y explicita la propia Administración. De una parte, la Ley GICA exige realizar un Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, por tratarse de un incremento de superficie regable mayor de 100 hectáreas. Por otra, el vigente Plan Hidrológico Tinto, Odiel y Piedras recoge la evolución de las demandas de regadío en el escenario 2021 y 2033, plasmando una cantidad máxima de 4500 metros cúbicos/año en caso de la fresa. Además, las parcelas que se están regando en monte público no pueden ser regularizadas en cuanto a su situación de riego, ni las que están dentro de los perímetros de protección de los espacios naturales protegidos de la zona. Mucho menos aún, la voluntad de aumentar las concesiones de riego dentro del Plan de la Corona Norte de Doñana. En la actualidad se ha solicitado la descatalogación como monte público de 130 hectáreas de canon del término municipal de Moguer para riego, que desde

La Comunidad de Regantes de El Fresno y la de Palos de la Frontera han solicitado sendos aumentos de la concesión de agua pública para el riego que tienen autorizados desde el año 2014, en que se inició el proceso de regularización. Entre ambas Comunidades de Regantes suman una superficie de unas 6400 hectáreas, para la cual tienen autorizada una cantidad de 26,5 hectómetros cúbicos de agua pública. Actualmente solicitan un aumento conjunto de 12 hectómetros cúbicos, para un incremento de superficie regable de 1000 hectáreas. Los argumentos empleados son, por una parte, el aumento de las superficies a regar, si bien este dato está escasamente justificado en la solicitud y, además, presenta muy poca claridad y transparencia sobre las nuevas fincas a regar. Por otra parte, argumentan la necesidad de nuevas concesiones para agua industrial y para más cantidad de agua para las fincas ya regadas.

Para Ecologistas en acción, los proyectos presentados adolecen de una falta total de transparencia y coherencia. No puede ser ni tramitada ni aprobada una solicitud donde los datos son confusos, dispares y a veces contradictorios, apareciendo desequilibrios muy significativos entre lo que parece solicitar la Comunidad de Regantes, y lo que analiza y explicita la propia Administración.

De una parte, la Ley GICA exige realizar un Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, por tratarse de un incremento de superficie regable mayor de 100 hectáreas. Por otra, el vigente Plan Hidrológico Tinto, Odiel y Piedras recoge la evolución de las demandas de regadío en el escenario 2021 y 2033, plasmando una cantidad máxima de 4500 metros cúbicos/año en caso de la fresa.

Además, las parcelas que se están regando en monte público no pueden ser regularizadas en cuanto a su situación de riego, ni las que están dentro de los perímetros de protección de los espacios naturales protegidos de la zona. Mucho menos aún, la voluntad de aumentar las concesiones de riego dentro del Plan de la Corona Norte de Doñana. En la actualidad se ha solicitado la descatalogación como monte público de 130 hectáreas de canon del término municipal de Moguer para riego, que desde Ecologistas en Acción también hemos alegado. Igualmente lo relativo a las parcelas y fincas que se vienen regando dentro del Dominio público marítimo terrestre.

Añadir que consta en el expediente de la Comunidad regante de Palos un documento del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Huelva donde se recoge que “es significativo que la Comunidad de Regantes tenga en el elenco, y, por tanto, computable en base a la concesión existente, terrenos forestales”. También se analizan los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 en el entorno (ZEC Marismas y Riberas del Tinto, Paraje Natural y LIC Estero Domingo Rubio, LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Paraje Natural y LIC Laguna de Palos y las Madres y LIC Dunas del Odiel) señalándose una contradicción entre la voluntad de descatalogación de algunas de las parcelas forestales que están siendo regadas y la voluntad del Plan de Ordenación de recursos Naturales de los espacios litorales tendentes a la recuperación forestal de este tipo de espacios.

Ecologistas en Acción se muestra contraria a las nuevas concesiones de agua pública para incrementar los riegos en el ámbito de Doñana, en los términos municipales de Moguer, Palos de la Frontera, Bonares y Lucena, por lo que ha presentado alegaciones a las solicitudes de concesión de un incremento de 12 hectómetros cúbicos para un incremento en 1000 hectáreas de la superficie regable en la zona. La Comunidad de Regantes de El Fresno y la de Palos de la Frontera han solicitado sendos aumentos de la concesión de agua pública para el riego que tienen autorizados desde el año 2014, en que se inició el proceso de regularización. Entre ambas Comunidades de Regantes suman una superficie de unas 6400 hectáreas, para la cual tienen autorizada una cantidad de 26,5 hectómetros cúbicos de agua pública. Actualmente solicitan un aumento conjunto de 12 hectómetros cúbicos, para un incremento de superficie regable de 1000 hectáreas. Los argumentos empleados son, por una parte, el aumento de las superficies a regar, si bien este dato está escasamente justificado en la solicitud y, además, presenta muy poca claridad y transparencia sobre las nuevas fincas a regar. Por otra parte, argumentan la necesidad de nuevas concesiones para agua industrial y para más cantidad de agua para las fincas ya regadas. Para Ecologistas en acción, los proyectos presentados adolecen de una falta total de transparencia y coherencia. No puede ser ni tramitada ni aprobada una solicitud donde los datos son confusos, dispares y a veces contradictorios, apareciendo desequilibrios muy significativos entre lo que parece solicitar la Comunidad de Regantes, y lo que analiza y explicita la propia Administración. De una parte, la Ley GICA exige realizar un Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada, por tratarse de un incremento de superficie regable mayor de 100 hectáreas. Por otra, el vigente Plan Hidrológico Tinto, Odiel y Piedras recoge la evolución de las demandas de regadío en el escenario 2021 y 2033, plasmando una cantidad máxima de 4500 metros cúbicos/año en caso de la fresa. Además, las parcelas que se están regando en monte público no pueden ser regularizadas en cuanto a su situación de riego, ni las que están dentro de los perímetros de protección de los espacios naturales protegidos de la zona. Mucho menos aún, la voluntad de aumentar las concesiones de riego dentro del Plan de la Corona Norte de Doñana. En la actualidad se ha solicitado la descatalogación como monte público de 130 hectáreas de canon del término municipal de Moguer para riego, que desde Ecologistas en Acción también hemos alegado. Igualmente lo relativo a las parcelas y fincas que se vienen regando dentro del Dominio público marítimo terrestre. Añadir que consta en el expediente de la Comunidad regante de Palos un documento del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de Huelva donde se recoge que “es significativo que la Comunidad de Regantes tenga en el elenco, y, por tanto, computable en base a la concesión existente, terrenos forestales”. También se analizan los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 en el entorno (ZEC Marismas y Riberas del Tinto, Paraje Natural y LIC Estero Domingo Rubio, LIC Dehesa del Estero y Montes de Moguer, Paraje Natural y LIC Laguna de Palos y las Madres y LIC Dunas del Odiel) señalándose una contradicción entre la voluntad de descatalogación de algunas de las parcelas forestales que están siendo regadas y la voluntad del Plan de Ordenación de recursos Naturales de los espacios litorales tendentes a la recuperación forestal de este tipo de espacios.  También consta en el expediente documento donde se manifiesta con rotundidad que algunas de las fincas propuestas para regadío se encuentran en la zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), por lo que no cabría su autorización para el riego, ni por consiguiente, para concesión de aguas públicas. En el marco actual de reducción en más del 20% del agua que va a parar a los cauces en los últimos 25 años, como efecto más visible del cambio climático, y dado que todo apunta a que esta tendencia se acentuará en los próximos años, tenemos que ser conscientes de que más del 80 % del consumo de agua en España se lo llevan los cultivos intensivos de regadío. En consecuencia, para recuperar un cierto equilibrio hídrico sería necesario, no sólo dejar de crear nuevos regadíos, sino reducir la superficie existente dedicada a ello. Ecologistas en Acción considera que, dado que autorizar estas solicitudes de incremento de consumo de agua pública para regadío podría poner en riesgo la disponibilidad de agua para consumo familiar de primera necesidad, es responsabilidad de los Gobiernos y Administraciones afrontar el problema del agua para regadíos reduciéndolos paulatinamente. Además, y según los datos, Ecologistas solicita a la Administración andaluza la desestimación de las solicitudes pues, de otro modo, podría incurrir en incumplimiento de normativa como la Ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), el Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras, el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y el Plan de la Corona Norte de Doñana.

Ecologistas en Acción considera que, dado que autorizar estas solicitudes de incremento de consumo de agua pública para regadío podría poner en riesgo la disponibilidad de agua para consumo familiar de primera necesidad, es responsabilidad de los Gobiernos y Administraciones afrontar el problema del agua para regadíos reduciéndolos paulatinamente. Además, y según los datos, Ecologistas solicita a la Administración andaluza la desestimación de las solicitudes pues, de otro modo, podría incurrir en incumplimiento de normativa como la Ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), el Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y Piedras, el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y el Plan de la Corona Norte de Doñana.