Y SE HAN INTERPUESTO 4.000 DENUNCIAS
En Huelva ya se ha detenido a cerca de medio centenar de personas por saltarse el decreto de alarma
15.16 h. Por incumplimiento para trasladarse a la segunda residencia se han tramitado en la provincia 100 propuestas de denuncia por parte de la Guardia Civil ; 11 la Policía Nacional y 19 la Policía Local.
Desde que se decretara el estado de alarma, y con el único objetivo de garantizar la seguridad sanitaria , la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales de los distintos municipios de la provincia han interpuesto un total de 4.000 denuncias, 3.100 en la provincia por parte de Guardia Civil y policías locales y 900 Policía Nacional, Local y Adscrita.
Por incumplimiento para trasladarse a la segunda residencia se han tramitado en la provincia 100 propuestas de denuncia por parte de la Guardia Civil ; 11 la Policía Nacional y 19 la Policía Local. El número de detenidos ha sido de 28 de Guardia Civil y Policía Local en la provincia y, 16 en la capital.
Una labor de ineludible la aportación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han trabajado conjuntamente ante esta crisis sanitaria, velando por el cumplimiento de la normativa.
Durante el fin de semana la Guardia Civil ha sancionado a 1.200 personas, 38 la Policía Nacional y 89 la Policía Local. No obstante, las denuncias que se han interpuesto no han sido significativas teniendo en cuenta los ratios generales. Por ejemplo, en la aldea del Rocío una de las denuncias ha sido por acudir a la segunda residencia y cuatro por incumplir el estado de confinamiento.
Aún así, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Huelva se resalta en general la actitud responsable de los ciudadanos de Huelva que han cumplido con la situación, aunque ha habido algunas excepciones que han provocado estas sanciones.
Las detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad y están basadas fundamentalmente en el incumplimiento de los artículos 36.4, 36.5, 36.6 y 37 de la LO 4/2015:
- Art.36.4 Actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
- Art. 36.5. Acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.
- Art. 36.6. Desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
- Art. 37. Contempla infracciones leves, como la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones; exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio; o las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal, entre otras.
Desde el CECOR (Centro de Coordinación para el seguimiento de las actuaciones en la lucha contra el COVID19) se han realizado diversas reuniones. En la última, de carácter provincial, se ha hecho un análisis de las incidencias y desarrollo de las medidas desplegadas por el Gobierno, en la que han participado además de la subdelegada la delegada de la Junta de Andalucía, Bella Verano, el alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, el comisario Jefe de la Policía Nacional, Adolfo Castaño, el coronel Jefe de la Guardia Civil, Andrés López, el jefe de la Policía Local, Rafael Mora, y el jefe Provincial de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma, Juan León.
En este nuevo encuentro, Parralo ha puesto de relieve la necesidad de la colaboración continua y coordinada entre todas las administraciones ante esta complicada crisis sanitaria, incidiendo especialmente en la necesidad de perfeccionar las acciones de desinfección llevadas a cabo en centros de mayores, menores y discapacitados, tratando de evitar duplicidades y establecer criterios, a la vez que ha anunciado la incorporación a estas actuaciones del INFOCA.
Tanto la subdelegada como los representantes municipales han planteado a la Junta de Andalucía una información más puntual en torno a la crisis para que fluya al ámbito municipal y haya un conocimiento en tiempo real de la situación sanitaria.
Asímismo, los diferentes representantes policiales han expuesto la programación de los controles de movilidad y los puntos donde se intensificarán, sobre todo las zonas de los diferentes accesos. También se han establecido protocolos para las actuaciones de cara a la festividad de la Semana Santa.
Desde el Gobierno se pide a los ciudadanos que sean solidarios y respeten lo establecido en el Real decreto que estableció el estado de alarma que limita la libertad de circulación de las personas y prohíbe circular por las vías de uso público excepto para realizar las actividades recogidas en dicha normativa.
Manuela Parralo ha querido destacar el ejemplo de eficacia demostrado en el trabajo diario de la Policía Nacional y Guardia Civil, y su ejemplar coordinación con las policías locales que permite garantizar el cumplimiento del estado de alarma con criterios de proporcionalidad a la vez que con firmeza.
