La ONU señala que a las temporeras migrantes 'se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto'

Y añade que han desempeñado una labor esencial durante la pandemia del Covid-19 mientras que el resto de España se encontraba confinada.

Y añade que han desempeñado una labor esencial durante la pandemia del Covid-19 mientras que el resto de España se encontraba confinada. El experto de la ONU ha dicho que todas las autoridades son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada, que cumplan con las normas internacionales.  Alrededor de 3.000 mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a Huelva durante la cosecha anual de la fresa -este año han sido casi 10.000, de las que más de 7.000 continúan aquí atrapadas debido al cierre de fonteras en su país-. Según ha denunciado, allí a menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto. Además, la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el Covid-19, según ha expuesto. Al respecto, ha informado de que a pesar de haber alertado a las autoridades competentes, éstas han permanecido en silencio. Asimismo, ha denunciado que cuando los trabajadores enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica. En este contexto, el experto se ha puesto en contacto con el gobierno español y marroquí, así como con las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones. Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo, ha afirmado De Schutter. Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos, ha subrayado. Total desprecio a los derechos humanosTal y como ha aseverado, la completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional. Para él, la protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados 'trabajadores esenciales' fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas, ha apuntado De Schutter. 

Y añade que han desempeñado una labor esencial durante la pandemia del Covid-19 mientras que el resto de España se encontraba confinada. El experto de la ONU ha dicho que todas las autoridades son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones, incluido el acceso a una atención sanitaria adecuada, que cumplan con las normas internacionales.  Alrededor de 3.000 mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a Huelva durante la cosecha anual de la fresa -este año han sido casi 10.000, de las que más de 7.000 continúan aquí atrapadas debido al cierre de fonteras en su país-. Según ha denunciado, allí a menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto. Además, la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el Covid-19, según ha expuesto. Al respecto, ha informado de que a pesar de haber alertado a las autoridades competentes, éstas han permanecido en silencio. Asimismo, ha denunciado que cuando los trabajadores enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica. En este contexto, el experto se ha puesto en contacto con el gobierno español y marroquí, así como con las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones. Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo, ha afirmado De Schutter. Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos, ha subrayado. Total desprecio a los derechos humanosTal y como ha aseverado, la completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional. Para él, la protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados 'trabajadores esenciales' fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas, ha apuntado De Schutter. 

Además, la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el Covid-19, según ha expuesto.

Al respecto, ha informado de que a pesar de haber alertado a las autoridades competentes, éstas han permanecido en silencio. Asimismo, ha denunciado que cuando los trabajadores enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica. En este contexto, el experto se ha puesto en contacto con el gobierno español y marroquí, así como con las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones.

Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo, ha afirmado De Schutter.

Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos, ha subrayado.

Para él, la protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados 'trabajadores esenciales' fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas, ha apuntado De Schutter.