El PSOE exige al PP que retire el decreto sanitario que 'castiga a los casi 5.000 enfermos crónicos de Huelva'

El PSOE de Huelva le ha exigido al Gobierno central del PP que retire el decreto ley en sanidad “que castiga a los casi 5.000 enfermos crónicos de la provincia”. El secretario de Organización de los socialistas onubenses y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, señaló que estas personas, que reciben su medicación en el hospital tendrán que pagar un 50%”. 

Como ejemplo, el socialista destacó que en el caso de un enfermo de Hepatitis C, cuyo tratamiento cuesta unos 2.500 euros al mes, pagará 1.250 euros mensuales, mientras que los que tengan psoriasis, pagarán la mitad de un tratamiento que oscila entre los 800 y 1.000 euros mensuales.

Así, Ferrera señaló que “a muchos enfermos no les quedará otra opción que reducir sus tratamientos o abandonarlos”.  Además, el dirigente del PSOE insistió en que “a partir de ahora habrá que pagar por el transporte sanitario no urgente, un copago que va a incidir en pacientes que acuden con regularidad a sesiones en casos como la hemodiálisis, rehabilitación o terapias contra el cáncer”. 

El parlamentario andaluz señaló que en esta provincia  hay más de 300 enfermos renales que acuden a los 4 centros de Huelva, entre 3 y 4 veces por semana y con esta reforma sanitaria pagarán su transporte para recibir este tratamiento vital, lo que les va a costar al año entre 1.300 y 7.800 euros”. Además, “las personas que reciben rehabilitación por accidentes cerebro-vasculares pagarán para prótesis y transporte entre 1.500 y 9.300 euros cada seis meses”. 

Asimismo, Ferrera recordó que la Junta de Andalucía ya ha recurrido este decreto ley ante el Tribunal Constitucional, porque “vulnera la Constitución al no garantizar el derecho a la protección de la salud a los colectivos más desfavorecidos e invade competencias autonómicas, ya que el Estatuto andaluz recoge el derecho al acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población sin distinción y residan donde residan”.

En este sentido, Ferrera aseguró que muchos jóvenes onubenses a partir de 26 años que nunca hayan cotizado tendrán que demostrar un nivel de renta mínimo para poder acceder a la sanidad pública. Además, en nuestra provincia, los 5.000 inmigrantes ‘sin papeles’ que residen aquí “tampoco tendrán derecho a la salud”.

Para Ferrera, se trata de una norma injusta que nada tiene que ver con Andalucía, “un territorio solidario donde nos caracterizamos por ayudar a quienes nos necesitan”. Según el socialista, estos recortes de la derecha son “ilegales e inhumanos” y, por tanto, “mostramos nuestro rechazo más profundo a que siempre paguen la crisis los ciudadanos”.

La Junta evita el pago a 50.000 pensionistas

Por el contrario, el socialista mostró la “actitud responsable” del Gobierno andaluz, “que evitará que los 50.000 pensionistas de la provincia tengan que adelantar el pago del 10% de sus medicamentos tal y como propone el decreto sanitario del PP”. “Esta es la diferencia entre una derecha cómplice de las injusticias sociales y un Gobierno de izquierda que lucha para ayudar a los andaluces”, apostilló.