Facua Huelva lamenta la oportunidad perdida para avanzar en la Ley Andaluza de Participación Ciudadana

Más de 200 personas, representantes de diversos colectivos, fundaciones, asociaciones, personal técnico y dinamizadores de la provincia de Huelva, han mantenido un encuentro en el Foro Iberoamericano de La Rábida para impulsar una Ley Andaluza de Participación Ciudadana. La inauguración estuvo presidida por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, el delegado provincial de Gobernación José Fiscal, el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Huelva, Francisco J.Camacho y Rocío Cárdenas, diputada provincial de Bienestar Social. Los responsables de la organización calificaron de éxito este encuentro provincial, pero para Facua Huelva, el éxito no ha pasado del aspecto estético, puesto que desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde, no se dedicó ni cinco minutos para que los asistentes pudieran exponer sus aportaciones sobre lo que debería recoger una Ley Andaluza de Participación Ciudadana. Para Facua Huelva se ha desaprovechado una ocasión muy importante, dado el número de personas asistentes y la cantidad de organizaciones representadas, para poder haber expuesto en común los aspectos más importantes que cada cual considera necesarios se vean reflejados en esa futura Ley, cuyo borrador se quiere tener preparado para Febrero de 2013. Además, Antonio Romero, responsable de Relaciones Institucionales de Facua, señala que tuvo que interrumpir el plenario para que los asistentes pudieran conocer sus propuestas, ya que el portavoz del grupo tercero ignoró dos de las cuatro que Facua Huelva había presentado por escrito en ese grupo de trabajo y solicitado que fueran expuestas en pleno. Romero ha indicado que una de estas propuestas consistió en que se expusiera en el pleno que a los grupos de trabajo se nos ha inducido y limitado a opinar sobre tres aspectos. que son los siguientes: ¿Para qué una Ley?; ¿Quiénes deben ser los sujetos de la ley?; y ¿Cómo dar cauce de participación en la elaboración de la Ley?, todos ellos aspectos formales o justificativos de la necesidad de la Ley, pero ninguno sobre sus contenidos. Facua Huelva lamenta que ninguna de las personas con responsabilidades en la organización del encuentro saliera al paso contra el atropello cometido por el portavoz del grupo tercero al ignorar las propuestas que Antonio Romero había entregado.Para Antonio Romero, siendo importante la oportunidad de opinar sobre los aspectos formales, lo fundamental sobre todo es poder proponer y opinar sobre los contenidos. Y en ese sentido, se proponía que fuera incluido un cuarto punto, ¿Qué contenidos debe tener la Ley?, para los sucesivos encuentros, ya que para éste no quedaba más remedio que lamentarnos por la oportunidad perdida y por haber desaprovechado tanto esfuerzo material y humano. A Facua Huelva le recogieron las propuestas por escrito, pero los organizadores no permitieron la posibilidad de que al pleno llegara ni siquiera un resumen o extracto de las mismas, a pesar que en el protocolo entregado en la carpeta a los participantes sobre la metodología del trabajo en grupo se decía que al final el grupo podrá señalar algunas propuetas concretas a la Ley, y preparará la idea central que se quiere comunicar en la puesta en común”. Las propuestas concretas a la Ley de Facua Huelva son: Promocionar desde los poderes públicos la vertebración de la sociedad fomentando el fortalecimiento de organizaciones sociales sin mediatizaciones de tipo partidista. Es necesario un cambio de cultura en las fuerzas políticas en la que, sin cuestionar el papel fundamental atribuido constitucionalmente a los partidos políticos, se fomente la consolidación y crecimiento de organizaciones sociales fuertes e independientes, superando la vieja cultura de la promoción de organizaciones afines o dóciles que provoca raquitismo en el proceso de vertebración social e impide o hace más lento su propio crecimiento. Fomentar la participación activa y real de las organizaciones sociales en la toma de decisiones que afecten a la ciudadanía, revitalizando los órganos de participación social existentes. Es necesario que los partidos políticos con responsabilidades de gobierno, se conciencien de la necesidad de conseguir una participación real de la sociedad civil, a través de las organizaciones ciudadanas, en la toma de aquellas decisiones que les afecten. Y ello, porque el desarrollo de una sociedad genuinamente democrática no se consigue exclusivamente con la mera convocatoria de los ciudadanos cada cuatro años para que elijan a sus representantes políticos, ya que dicho voto no debe entenderse como un cheque en blanco a los partidos políticos, sino como parte de un compromiso de contar con la ciudadanía que lo ha elegido para ese ejercicio del poder. Mediante características unas veces vinculantes y otras preceptivas. Promover la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los Consejos de Administración de las Empresas y Agencias Públicas Andaluzas. Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el seno de la propia Administración autonómica, aún se hace más necesario contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de gestión de los entes instrumentales, y en concreto en los Consejos de Administración de las Empresas y Agencias Públicas que prestan servicios públicos y/o de interés general. Como por ejemplo: Servicios Públicos, Suministro como el agua o medios de comunicación. Garantizar los procedimientos de participación ciudadana en el ámbito parlamentario. Propiciando un mayor grado de interrelación de los parlamentarios con la ciudadanía y con las organizaciones que la representan, promoviendo y haciendo posible preguntas de iniciativa ciudadana y garantizando la comparecencia de agentes sociales en la tramitación de leyes que les afectan. Facilitar el reconocimiento como entidades de utilidad pública de las organizaciones de consumidores como instrumento para el mejor desarrollo de sus fines. Este reconocimiento, además de ser de justicia y corresponderse con la realidad de la labor de estas entidades, suponen una herramienta fundamental para diferenciar estas entidades de interés social general, cuyas funciones y cometidos se recogen en nuestra propia Constitución, de otras que representan intereses más sectoriales o particulares (legítimos, pero de un alcance más limitado), permitiéndoles acceder a un estatus legal y fiscal que es el que le corresponde en función del trabajo que desarrollan en beneficio de la Sociedad. Fortalecer el papel del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Debe fortalecerse el papel del máximo órgano de participación y consulta de los consumidores y usuarios andaluces como tal, dotándolo de mayores competencias y recursos y reconociéndole legalmente personalidad jurídica propia, al objeto de contar con mayor autonomía e independencia para el cumplimiento de sus cometidos en beneficio de la sociedad andaluza. Y en el ámbito provincial otros como: Los Consejos económicos sociales, Provinciales de Consumo, Medio Ambiente, y Ayuntamientos, Juntas rectoras parques, Consorcio metropolitano, Hospitales.