Dos guardias civiles y otras once personas, en el banquillo de los acusados

Diez días. Esa es la duración que se estima que tendrá eljuicio contra la organización criminal dedicada a introducir droga a través dela costa onubense, y en la que se encuentran implicadas un total de trecepersonas, entre las que se encuentran dos agentes de la Guardia Civil.

Los acusados llegaron a sabotear el Sistema Integrado deVigilancia Exterior (SIVE) de Huelva, en una acción que tuvo lugar el 25 dediciembre de 2010, cuando miembros de esta organización tirotearon el sensorvolumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortando elcableado de los dispositivos y forzando diverso material, llegando a causar desperfectospor valor de más de 70.000 euros.

En el sumario del caso, al que hace hoy referencia EL MUNDOen su edición digital, se indica cómo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Huelva, fruto de las investigacionesprevias, tuvo conocimiento de la existencia de un grupo organizado dedicado ala introducción y distribución de grandes partidas de sustanciasestupefacientes. Sus máximos responsables estarían afincados en la provincia deHuelva –en concreto, en El Rompido- y la organización desarrollaba la actividaddelictiva principalmente por las costas de Huelva, “si bien se tieneconocimiento de que ha llegado a realizar los alijos de droga en otras zonasdel litoral onubense, así como horas nocturnas con un gran dispositivo depersonas que garantizan la operación”.

Para ello, utilizaban embarcaciones de gran eslora,vehículos para el transporte (la mayoría de las veces vehículos que habían sidosustraídos previamente para tal fin, normalmente furgonetas de grandesdimensiones).

El sumario recoge la transcripción de las conversacionestelefónicas que mantuvieron los integrantes de esta organización durante eltiempo que duró su actividad, así como la descripción de los operativos devigilancia que la Udyco estableció a fin de recabar las pruebas necesarias parallevar a cabo las detenciones.

Fueron tales actuaciones –principalmente, la intervención telefónicade diversos terminales- las que posibilitaron determinar que existían “indiciosrazonables” de que los propietarios de estas líneas estaban relacionados con “laboresde tráfico relacionadas con delitos contra la salud pública” y las que,finalmente, condujeron a la detención de hasta trece personas.

La Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para los treceacusados –la mayoría, en prisión desde su detención-, que se enfrentan a cargosde asociación ilícita, tráfico de drogas, daños en bienes afectados de lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenencia ilícita de armas, oblanqueo de capitales, entre otros.