Los hechos se remontan a julio de 2009
Rebajada la pena a dos años a los tres acusados de favorecimiento de inmigración ilegal
12.05 h. El juicio a tres personas, I.G.M., J.F.M., de nacionalidad española, y a R.K., de nacionalidad marroquí, por un delito de amenazas y de favorecimiento de la inmigración ilegal, ha quedado visto para sentencia tras llegar a una conformidad, después de que el Ministerio Fiscal rebajara la pena de siete a dos años por el segundo delito y dejara en una falta de amenazas al primero.
Así, el fiscal ha rebajado las penas y ha retirado que los marroquíes a los que los acusados supuestamente mantenían de manera irregular en España pagaran 9.000 euros al acusado marroquí para salir de su país, así como que estos fueran obligados a abonar la cantidad de 255 euros mensuales que les pidieron en concepto de 'cotizaciones sociales'. Una cuestión que no se puede probar, ya que los afectados se encuentran en paradero desconocido y no han acudido a la vista oral.Por su parte, los tres acusados han reconocido los hechos, excepto que los dos ciudadanos marroquíes pagaran los 9.000 euros.En cuanto al delito de amenazas, que finalmente se ha quedado en una falta, por el que el fiscal pide una multa de 180 euros, el acusado I.G.M., ha reconocido que sacó una pistola porque se puso muy nervioso, pero la dejó encima de la mesa.Así, las defensas se han adherido a las penas solicitadas por la Fiscalía y el juicio ha quedado visto para sentencia.Los hechos se remontan a julio de 2009 cuando los dos ciudadanos marroquíes llegan a España, concretamente a Punta Umbría, después de que R.K., les facilitara las gestiones y documentación necesaria para que estos pudieran salir de su país.Previamente el acusado citado, en compañía de J.F.M., y de común acuerdo ambos, se trasladaron en los primeros meses del año 2009 a Marruecos recogiendo los pasaportes de los ciudadanos marroquíes citados, a los que avisaron posteriormente de que estaba todo arreglado.Así, una vez asentados en España los citados acusados, actuando de común acuerdo con el primero de ellos y con la finalidad de facilitar la permanencia en territorio nacional de estos una vez caducado el visado de estancia y para evitar las consecuencias jurídicas, les facilitaron dos contratos de trabajo a nombre de una empresa de su sociedad, pero han negado que los afectados pagaran por ello.