El delegado del Gobierno asegura que la Junta luchará por la igualdad de los andaluces ante la Justicia

El rechazo de la Administración autonómica a esta norma se suma a “la voz unánime manifestada por operadores jurídicos, organizaciones sociales y sindicales y grupos políticos” en contra de dichas tasas.Fiscal ha explicado que los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de esta ley estatal vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución Española al ampliar y generalizar el pago de tasas para acceder a la Justicia “hasta el punto de producir un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y también para las pequeñas y medianas empresas”.Estas tasas, añade el delegado del Gobierno, “profundizan en la desigualdad entre los españoles como muchas otras medidas que viene impulsando el Gobierno del Estado, siendo los más perjudicados la población con rentas medias y la clase trabajadora”.El recurso autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se apoya en los argumentos jurídicos aportados tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como por informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.Todos los sectores más desfavorecidos, según Fiscal, están perjudicados ya que, por ejemplo, en el orden social, “las tasas refuerzan la superioridad del empresario sobre el trabajador” mientras que en el orden contencioso-administrativo “se refuerza la posición prominente de la Administración y se genera un fuerte mecanismo disuasorio para muchos ciudadanos por el alto coste económico de la tasa en relación al objeto del recurso”.Las nuevas tasas suponen que recurrir una multa de tráfico de 100 euros tiene de tasa 200 euros; recurrir una factura errónea de teléfono de 80 euros tiene una tasa de 200; reclamar una herencia de una casa valorada en 100.000 euros tiene tasa de 800; recurrir a la compañía aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros, tasa de 312,50 euros; o recurrir un despido de un trabajador con 5 años de antigüedad y salario bruto de 1.200 euros al que además le deben tres nóminas, tendría una tasa de 224,24 euros y otra de 324,24 euros si va al Tribunal Supremo.El delegado del Gobierno ha recordado también que hasta que no se apruebe la futura ley de justicia gratuita, habrá un “grave perjuicio para las víctimas de la violencia de género que, de momento, no están exentas de las tasas y que deben pagar un mínimo de 300 euros en los principios de divorcio y separación”.Fiscal ha concluido que estos nuevos impuestos del Gobierno central “no solucionan los problemas de la justicia y, además, son insensibles con la situación de crisis actual y las dificultades por las que atraviesa la mayoría de la población española”.