El PP afirma que la ley de asistencia jurídica garantiza la justicia gratuita a los que menos recursos tienen

El Partido Popular de Huelva ha afirmado que el Gobierno central “garantiza que nadie deje de acudir a los tribunales por carecer de recursos gracias a la nueva ley de asistencia jurídica gratuita”. Así lo ha indicado hoy el diputado nacional del PP, Juan Carlos Lagares, quién ha subrayado que “la nueva ley asegura el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución, al asegurar que nadie deje de acudir a los tribunales por falta de recursos”.Lagares ha manifestado que “en un momento de grave crisis económica, el Gobierno ha garantizado que este derecho no solo se mantenga, sino que lo amplia a los ciudadanos y colectivos especialmente vulnerables”, al tiempo que ha añadido que “esta medida no hubiera sido posible sin los recursos obtenidos tras la aprobación de la ley de tasas.Igualmente, ha resaltado que “se eleva el umbral de renta para poder acceder a la justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (15.975 euros al año) y se amplía a colectivos especialmente vulnerables, con independencia de sus recursos como  víctimas de violencia de género, terrorismo o abuso o colectivos beneficiarios de asociaciones sin ánimo de lucro”. Asimismo, también “se amplía a asociaciones que defiendan intereses específicos: como la Cruz Roja, sindicatos o asociaciones en defensa de personas con discapacidad y ha destacado que “os beneficiarios podrán elegir qué prestaciones de las previstas desean obtener: por ejemplo, elegir ser representados por un abogado de su elección, y no por uno de oficio. Lagares, por último, ha subrayado que “mientras el Gobierno garantiza una Justicia gratuita para los que están más desprotegidos, el PSOE, y en especial la Junta de Andalucía, hacen todo lo contrario, al poner en jaque un servicio tan esencial como el turno de oficio, dirigido a prestar asistencia gratuita a personas que no tienen recursos”.En este sentido, el diputado nacional del PP ha recordado los constantes incumplimientos del Gobierno andaluz en el pago de este servicio a los abogados, a los que adeuda más de un millón de euros por toda la anualidad de 2012.