durante el año 2012

Un total de 54 menores con autismo en Huelva se beneficia de los programas de atención temprana

11.52 h. Un total de 54 menores con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista se ha beneficiado durante 2012 del tratamiento integral que garantizan los centros de atención temprana en Huelva, un recurso que financia la Consejería de Salud y Bienestar Social y que funciona en colaboración con las corporaciones locales y las asociaciones ciudadanas que trabajan en pro de la población infantil con este problema de salud.

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La delegación del ramo informa de estos datos con motivo de la celebración esta semana del Día Mundial del Autismo, trastorno que presenta el 6% del total de niños y niñas que accede cada año a los diferentes programas asistenciales que llevan a cabo los 12 centros onubenses de atención temprana, en los que trabajan psicólogos, logopedas y fisioterapeutas.

El objetivo de estas terapias es favorecer el desarrollo emocional, afectivo, psicomotriz, cognitivo, de competencia comunicativa, habilidades sociales y hábitos de autonomía en niños y niñas de entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo. El año pasado, la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía invirtió en atención temprana en la provincia de Huelva un total de 506.000 euros. 

Los Trastornos del Espectro Autista, que afectan a una de cada 150 personas (cuatro veces más a hombres que a mujeres) son un ejemplo claro de trastorno que se beneficia de una atención temprana de calidad, en el esfuerzo permanente y decidido de la administración sanitaria andaluza por mejorar la calidad de vida de este colectivo. 

Los TEA son trastornos del desarrollo que se manifiestan en los tres primeros años de vida y que actualmente incluyen: Trastorno Autista, Síndrome de Asperger, Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, Trastorno Desintegrativo Infantil y Síndrome de Rett. Todas las personas con TEA presentan dificultades en el área de la socialización, la comunicación y la imaginación, aunque su expresividad es muy variable incluso a lo largo de la vida de una misma persona.

La importancia de la detección precoz

Hasta hace unos años, la detección de estos trastornos se hacía de manera tardía, en torno a los 36 meses de edad del menor. Es la familia la primera en sospechar que hay un problema de desarrollo. De ahí que los esfuerzos en investigación y por parte de los profesionales y sistema sanitario vayan encaminados a acortar estos tiempos, ya que están demostrados los beneficios de una intervención precoz adecuada, no sólo desde el punto de vista clínico, sino en la reducción del desconcierto e incertidumbre que generan estos trastornos en el menor y su familia. 

Una detección precoz y una intervención integral contribuyen a potenciar las capacidades de esta población infantil y evitan o minimizan la aparición de comorbilidades, que complicarían su manejo posterior.

El sistema sanitario público andaluz ha incorporado diversas herramientas con este fin. Por un lado, está la ‘Guía TEA’, que persigue mejorar el conocimiento de los pediatras de centros de salud sobre estos trastornos, ayudándolos a identificar desde los 18 meses las señales de alarma que pueden llevar a un diagnóstico de autismo. El cuestionario M-CHAT (The Modified Checklist for Autism in Toddlers) es actualmente la prueba más consensuada internacionalmente para la detección precoz, implicando a padres y profesionales sanitarios en la identificación de comportamientos significativos e indicativos de un trastorno socio-comunicativo.  

El ‘Proceso Asistencial Integrado de los Trastornos del Espectro Autista’ es otra pieza clave para garantizar el abordaje eficaz del autismo, ya que propone un enfoque integral, una respuesta intersectorial, interdisciplinar y multiprofesional inserta en un modelo de intervención uniforme, centrado en el niño o la niña, su familia y el entorno. Para ello, es prioritaria la comunicación interniveles y la comunicación directa de los profesionales de atención primaria con las unidades de Salud Mental infanto-juvenil y los centros de atención infantil temprana, así como la coordinación eficaz con los centros educativos. 

Paralelamente al Proceso Asistencial Integrado, la Consejería de Educación editó el ‘Manual de Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo derivadas de Trastornos Generales del Desarrollo’, que ha complementado los documentos de apoyo para los profesionales que atienden a los menores en el ámbito sanitario y educativo.  

Codo con codo con las asociaciones ciudadanas

La Consejería de Salud y Bienestar Social tiene a las asociaciones ciudadanas, y concretamente a las diferentes asociaciones de autismo existentes en la comunidad autónoma, que agrupan a familiares de personas afectadas, como aliadas en el trabajo por mejorar la calidad de vida de las personas que presentan un trastorno del desarrollo. 

Junto a la labor en atención temprana, se trabaja codo con codo con las asociaciones en medidas de promoción de la autonomía personal y promoción de la participación social de estas personas, con la concepción que establece la propia Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según los datos de los Centros de Valoración y Orientación, en Huelva existen 88 personas (75 hombres y 13 mujeres) con al menos el 33% de grado discapacidad diagnosticadas de TEA. Actualmente, en el conjunto de Andalucía están concertadas 135 plazas destinadas a personas con TEA tanto en centros residenciales como de día, integrados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El presupuesto anual para la gestión de dichas plazas asciende a 2.634.507 euros. 

Asimismo, la Dirección General de Personas con Discapacidad ha destinado en los últimos cinco años 1.114.347 euros para el desarrollo de programas de atención integral a estas personas y a sus familias, así como para el mantenimiento de las distintas asociaciones existentes. Todo ello para promover los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal que deben regir las políticas públicas de atención a las personas con discapacidad y que en Andalucía consolidan los avances realizados en la mejora de la calidad de vida de estas personas. 

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