el psoe le invita a practicarla 'en su propio partido'
El PP considera una 'demanda ciudadana' la Ley de Transparencia que impulsa el Gobierno
14.12 h. El PP de Huelva considera que el Gobierno central da respuesta a una demanda ciudadana con el impulso a la Ley de Transparencia que tramita en el Congreso y que supone “la reforma más profunda por la regeneración”, mientras que el PSOE señala que “un Gobierno cuyo partido está enfangado en el mayor escándalo de corrupción conocido en España poco puede hacer para sacar una buena Ley de Transparencia”.
El dirigente popular ha destacado que “la Ley de Transparencia es inaplazable para que los ciudadanos y ha sido un Gobierno del PP el que ha decidido impulsarla”. En este sentido, ha indicado que se trata de un texto que pretende dar “más información a los ciudadanos porque todas las administraciones tendrán la obligación de publicar toda la información relativa a la gestión del dinero público, sin solicitud previa”.
Del mismo modo, ha señalado que será una Ley por cuyo cumplimiento velará “el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano que, entre sus funciones, tendrá la resolución de los conflictos que puedan surgir”.
Como aspectos destacados de la Ley que elabora el Gobierno, el diputado popular ha destacado que “se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos, para garantizar la eficacia de la Ley”. “En un momento en el que los ciudadanos desconfían de los políticos y de las administraciones, se hace más indispensable esta Ley para devolver la confianza en las instituciones”, ha subrayado el popular, que ha puesto el acento en que esta norma posibilitará “tener un mayor control de las instituciones que se financian con dinero público, incluida la Monarquía”.
Así, ha informado de que “además de partidos y sindicatos, también se incluirá al Banco de España y a aquellas entidades privadas que reciban una financiación pública relevante y los grupos parlamentarios definirán la cuantía mínima que determine esa relevancia”.
Asimismo, “se refuerzan las sanciones contra el despilfarro y la mala gestión y se tipifican como infracciones los conflictos de intereses, incumplimientos disciplinarios, o la obstrucción al ejercicio de transparencia”. También, se fijará un baremo público sobre las retribuciones de los cargos públicos”.
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Por ello ha invitado al resto de partidos a sumarse a esta necesaria Ley porque “oponerse a ella sin presentar alternativas es poner obstáculos a una ley clave para iniciar la regeneración democrática”.
“España, Andalucía y Huelva necesitan políticos que aprovechen las oportunidades para que haya consenso, no oportunistas que sacan partido de romper los consensos”, ha concluido el popular.El PP “poco puede hacer para sacar una buena Ley de Transparencia”Por su parte, el PSOE de Huelva ha manifestado, tras defender el PP la Ley de Transparencia que plantea el Ejecutivo de Rajoy, que “un Gobierno cuyo partido está enfangado en el mayor escándalo de corrupción conocido en España poco puede hacer para sacar una buena Ley de Transparencia”.En este sentido, los socialistas han reprochado la “opacidad” con la que el PP y el Gobierno central está actuando ante la sociedad en general, tras conocerse el grave asunto de los sobresueldos que dirigentes del PP pudieron cobrar del ex tesorero Luis Bárcenas, “a lo que hay que sumar ahora el tema de la contabilidad de las sedes del PP de Málaga y Sevilla”.Por tanto, para el PSOE, “la Ley de Transparencia que el Gobierno del PP propone debería empezar a practicarla en su propio partido, aclarando el origen de ese dinero y quiénes se han beneficiado de esas retribuciones”. Además, el Partido Socialista ha indicado que una Ley de estas características requiere un gran consenso, ya que afecta a todo el país y todas las administraciones, “y no lo tiene”.Por el contrario, el PSOE ha defendido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que elabora en estos momentos el Gobierno andaluz y asegura que será “la más avanzada y superará el proyecto estatal que sobre esta materia está tramitando el Gobierno de la Nación, ya calificado por organizaciones prestigiosas como una norma insuficiente y restrictiva”.