LA SUBDELEGACIÓN LO HABÍA SOLICITADO COMO MEDIDA CAUTELAR
La justicia deniega la petición de paralización de las oposiciones de Diputación
17.37 h. Pese a que el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno a la convocatoria de 49 plazas por parte de la Diputación Provincial no se resolverá hasta septiembre de 2015, los exámenes podrían realizarse, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva haya rechazado imponer su suspensión como medida cautelar.
Las oposicionesconvocadas por la Diputación Provincial podrían celebrarse, pese a que corran el riesgo de ser anuladasposteriormente. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva, que en unauto al que ha tenido acceso esta redacción, deniega la medida cautelar solicitada por la Subdelegación del Gobiernoen Huelva, que había pedido laparalización de los exámenes hasta que se resuelva el recurso interpuesto ala convocatoria por el abogado del Estado, una resolución que no llegarán hastaseptiembre de 2015.
El auto señala que la “finalidad legítima” del recursointerpuesto contra el Decreto de la Presidencia de la Diputación, en el que seconvoca concurso público para un totalde 49 plazas para las categorías más altas de cualquier Administración Pública,“no está en riesgo por la no adopción de la medida y la continuación delprocedimiento selectivo”, ya que de resultar finalmente que el mismo “no esconforme a ordenamiento jurídico”, sepodría decretar la nulidad “con la consiguiente cesación de sus efectos”.Asimismo, la juez titular ha tenido en cuenta que los perjuicios económicos que se derivarían de la celebración de losexámenes y la ocupación de los puestos de trabajo son “resarcibles”, entre otras cosas porque “la totalidad de las plazas a que viene referido el proceso selectivo seencuentran en la actualidad cubiertas en régimen de interinidad”.
De este modo, elauto, con fecha de 28 de junio de 2013, no sólo deniega “la medida cautelarde suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado solicitado porel abogado del Estado, en representación de la Subdelegación del Gobierno enHuelva”, sino que también impone “a lapeticionaria de la medida cautelar las costasprocesales”.
Según señala el propio documento, contra el mismo cabe recurso de apelación dentro de los 15 díassiguientes al de su notificación; notificaciónque, según han asegurado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a esteperiódico, aún no se ha recibido.
