IU pide que la Diputación respalde las medidas en defensa de los consumidores y usuarios de hipotecas

Izquierda Unidadefenderá en el próximo pleno de laDiputación una iniciativa en la que pide el respaldo de la instituciónprovincial al anteproyecto de ley deprotección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en lacontratación hipotecaria sobre la vivienda que ha aprobado la Junta deAndalucía. El portavoz de IU en la Diputación, Rafael Sánchez, explica que “además reclamamos con esta moción que se facilite a los ayuntamientos de laprovincia la puesta en marcha de los procesos colaborativos necesarios paralas tareas de información a la ciudadanía y de mediación en los conflictos y asesoramiento, así como que la propia Diputación canalice ladefensa de los usuarios a través del servicio de consumo de la Junta deAndalucía”.

El anteproyecto de ley de protección de los derechos de laspersonas usuarias de hipotecas sobre vivienda inició su tramitación el pasado17 de septiembre por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,a iniciativa de la Dirección General de Consumo, consistiendo en una medida legal destinada a evitar los abusosen la contratación de préstamos hipotecarios.  Sánchez ha explicado que “se trata de una norma pionera en España, que refuerzalas garantías para quienes suscriban créditos para adquirir viviendas, amplíala transparencia, protege a los avalistas y obliga a notarios y registradores ainformar de posibles excesos que perjudican a los usuarios para poder evitarlos”.

Desde Izquierda Unida se está apostando por “desarrollar hasta el último resquicionormativo que se encuentre en el Estatuto de Autonomía en defensa de la mayoríasocial, en general y en aquellos quetienen problemas para acceder a una vivienda, en particular. De ahí, surge esteanteproyecto cuyos objetivos se enmarcan en la protección de las personasconsumidoras y usuarias en las fases previas del proceso de contratación delpréstamo o crédito hipotecario, reforzando la posición de aquellas en este tipode productos, regulando el deber de información y documentación de losoperadores implicados durante todo el trámite contractual”.

Así, “se convierte en el anteproyecto de ley más garantista, ya que supera el nivel mínimode protección establecido en la normativa estatal reguladora de esta materia yporque tiene en cuenta la Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobrelos contratos de créditos relativos a los bienes inmuebles de uso residencial. Lasmedidas que incluye el anteproyecto de Ley reconoce a la persona avalista comosujeto protegido, garantiza la suministración de todas y aquellas explicacionesnecesarias para los usuarios, aumenta la información precontractual y establecela obligación a notarios y registradores de la propiedad de comprobar que elproyecto de escritura pública no contiene cláusulas abusivas”.