concentración en el palacio de justicia de huelva

Un centenar de abogados onubenses piden al Gobierno que derogue la ley de tasas judiciales

19.20 h. Alrededor de un centenar de abogados onubenses se ha concentrado en las puertas del Palacio de Justicia de Huelva al cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley de tasas, una ley que, según el presidente de la Asociación del Turno de Oficio (ATO) en Huelva, Felipe Garoña, ha propiciado 'un descenso del 40 por ciento en la interposición de demandas en las órdenes de civil y contencioso' por los costes que suponen.

Un centenar de abogados onubenses piden al Gobierno que derogue la ley de tasas judiciales

Huelva24

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Centenares de abogados se han concentrado en la mañana de este miércoles en las ocho provincias andaluzas para pedir al Gobierno central la derogación de la ley de tasas, que entró en funcionamiento hace ya un año y que perjudica gravemente a la sociedad, en especial a la clase media y trabajadora que no tiene recursos para pagar dichas tasas que le permitan el acceso a la Justicia.

Un centenar de abogados onubenses piden al Gobierno que derogue la ley de tasas judiciales

Los letrados, que han estado acompañados en sus reivindicaciones por procuradores y otros profesionales del mundo judicial, se han concentrado en todas las provincias andaluzas a las 12.00 horas bajo el lema 'No a las tasas. Justicia para todos'.

Alrededor de un centenar de abogados onubenses se ha concentrado en las puertas del Palacio de Justicia de Huelva al cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley de tasas, una ley que, según ha informado a Europa Press el presidente de la Asociación del Turno de Oficio (ATO) en Huelva, Felipe Garoña, ha propiciado un descenso del 40 por ciento en la interposición de demandas en las órdenes de civil y contencioso por los costes que suponen.

Un centenar de abogados onubenses piden al Gobierno que derogue la ley de tasas judiciales

Durante la concentración, han entregado un manifiesto a los medios de comunicación en el que especifican que esta normativa ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva y ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia.

Del mismo modo, indican que los jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos, a lo que añaden que el imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.

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