Las políticas de memoria democrática impulsadas por el Gobierno han facilitado la recuperación de más de 600 cuerpos de víctimas de la represión franquista en la provincia de Huelva. Estas exhumaciones se han llevado a cabo a través de 30 actuaciones distintas, financiadas con 1,1 millones de euros por el Ministerio de la Presidencia en el marco del I Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024.
Este esfuerzo continuado ha recibido un nuevo impulso tras la aprobación, el pasado 30 de septiembre en Consejo de Ministros, de un Real Decreto que concede más de un millón de euros a ayuntamientos y diputaciones andaluzas. Dentro de esta partida, el Ayuntamiento de Huelva recibirá 150.000 euros para continuar los trabajos en el cementerio de La Soledad, donde se estima que yacen los restos de 1.100 personas ejecutadas tras Consejos de Guerra sumarísimos.
La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha explicado que la capital ya ha sido beneficiaria de importantes subvenciones previas. Una partida de 100.000 euros permitió exhumar 39 cuerpos en el verano de 2024, mientras que una campaña actual, iniciada en junio por la Universidad de Granada, ha recuperado 121 cuerpos con un presupuesto de 275.000 euros. A esto se suman 18.000 euros para investigación histórica, elevando la inversión total en la capital a 393.000 euros y el número de víctimas recuperadas a 160. La nueva financiación contempla también 50.000 euros para la construcción dememoriales donde depositar los restos que no sean identificados.
En el conjunto de la provincia, las actuaciones han permitido recuperar 266 víctimas en Nerva, 216 en Minas de Riotinto, 160 en Huelva capital, 33 en San Juan del Puerto, 26 en Bonares y 18 en Zufre.
Rico subrayó que Huelva es la provincia con más intervenciones financiadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Además, destacó que Andalucía recibe un tercio de los fondos que el Gobierno de España canaliza para este fin –más de siete millones de euros–, reafirmando que estas políticas son «un deber moral indispensable para fortalecer, reparar y reconocer la dignidad de las víctimas».
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