Los propios abogados de la Junta habrían tratado de eludir la defensa de las últimas oposiciones a inspector

Ni los propios abogados de la Junta de Andalucía sabían cómo defender la postura de la Consejería de Educación tras excluir ésta a una decena de candidatos que participaba en el procedimiento selectivo para  acceder al cuerpo de Inspectores de Educación. Así lo demuestra la sentencia en cuyos fundamentos se recoge el intento de la administración –de su defensa jurídica- de evitar el juicio con la demandante, a la que se apartó del proceso pese a cumplir con todos los requisitos.

En este caso en concreto, el abogado de la Junta de Andalucía, “tras haber pedido la suspensión para allanamiento y no haberle sido concedido por la Consejería, se remite a lo establecido en la resolución recurrida, esto es, que sólo deben tenerse en cuenta los mandatos a los cuales se haya accedido por el procedimiento ordinario”. Una justificación que no se tiene por válida en la sentencia que, como tantas otras, resultó favorable a la demandante.

“No fue el único abogado que intentó eludir la defensa de la Junta”, asegura otro de los afectados, que vivió un episodio parecido en Huelva. “En mi caso, al enterarse el letrado de la Consejería que había compañeros que se habían intentado allanar también planteó la posibilidad, aunque igualmente se la denegaron”, explica.

Por ello, y dado que las sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo falladas hasta el momento “dejan la puerta abierta a esta posibilidad”, los afectados por las irregularidades en estas oposiciones se estarían planteando acudir a los tribunal por la vía de lo penal. 

“Tenemos pruebas de que la Consejería de Educación, o más concretamente la Dirección General de Personal de ésta y los servicios jurídicos saben que se está  actuando de forma contraria a la ley. Las sentencias están recurridas para ganar tiempo, pero la orden de convocatoria es clara y, como queda recogido en las distintas sentencias, no distingue entre la forma de acceso al cargo de director, por lo que la resolución de la Junta por la que se nos excluye es contraria a derecho”.

Cabe recordar que las irregularidades denunciadas hacen referencia a las pruebas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocadas el 26 de abril de 2011.

Pese a que los ahora fueron admitidos al cumplir los requisitos exigidos, entre los que se encontraba haber ejercido, “con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de director” de centro, posteriormente –con el procedimiento ya iniciado y las puntuaciones otorgadas- la Consejería de Educación los excluyó del proceso alegando que para el mandato de cargo de director en uno de los periodos “el nombramiento había sido de carácter extraordinario, con designación directa por la Administración”.

Los afectados –una docena en toda Andalucía, cuatro de ellos en Huelva- demandaron a la Administración porque la normativa no distingue entre tipos de nombramientos y en la orden de convocatoria tampoco se hacía distinción alguna, y ahora la justicia les ha dado la razón, ordenando su readmisión y la toma de posesión de sus plazas.