Rumbo 5.0 acuerda con Minas de Riotinto S.A. asumir 'la ejecución del mantenimiento de las presas'
17.53 h. La empresa Rumbo 5 Cero, dueña del 55% de los terrenos sobre los que se asienta la presa de estériles mineros de Riotinto en Huelva, ha informado este jueves que Minas de Río Tinto, S.A., ésta última como titular del derecho minero, ha encargado a Rumbo 'la ejecución de las actuaciones necesarias para el mantenimiento de las presas, siguiendo las directrices de la dirección facultativa de la titular del derecho minero, de forma que no se produzcan más vertidos ilegales a cauce público y no tengan que incoarse más expedientes administrativos en contra de las partes que hasta la fecha nada tenían que ver con la gestión de la presa'.
Así, Rumbo ha informado en un comunicado, después de que este jueves el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino haya determinado a través de una providencia que sea EMED Tartessus quien siga realizando el control y el mantenimiento de las balsas de estériles de las Minas de Riotinto, que si la autoridad judicial consiente que EMED, no se sabe en calidad de que, siga con su negligente actuación, este invierno volveremos a tener nuevos vertidos.Del mismo modo, la empresa ha indicado que el Juzgado de Valverde del Camino, que ha dictado la providencia, ha sido sorprendido en su buena fe, al igual que la Guardia Civil y el Seprona, por versiones ofrecidas por EMED Tartessus, sin contrastar con las opiniones de las otras partes interesadas y afectadas.En este sentido, añaden que la realidad es muy distinta a la que se deduce de la información de la Guardia Civil y de la providencia judicial, ya que, a su juicio, en primer lugar, el juzgado no falla a favor de EMED, pues él mismo reconoce que no tiene legitimidad para hacerlo al tratarse de un procedimiento administrativo.Del mismo modo, desde la empresa aseguran que el juzgado basa su providencia en una resolución administrativa de fecha 9 de marzo de 2011, que ha sido recurrida con fecha 30 de marzo de 2011 por Rumbo 5 Cero, S.L. no existiendo a la fecha respuesta alguna, lo que nos lleva a pensar que el tema no tiene importancia para la Administración y por lo tanto la resolución utilizada por el Juzgado no es firme ni exigible.Rumbo 5 Cero también informa en ese comunicado que existe otra providencia del 25 de mayo de 2011, por la que la autoridad minera ratifica, una vez más, que el obligado a realizar las tareas de mantenimiento y gestión de la presa, es el titular del derecho minero, Minas de Río Tinto, S.A. y no EMED, siendo firme esta resolución.La buena fe del juez también ha sido sorprendida cuando supuestamente la gestión por parte de Rumbo por encargo del titular del mantenimiento de la presa, podía generar un alto riesgo de vertido incontrolado a cauce público, han asegurado desde la empresa, siendo la realidad muy diferente, ya que el personal contratado por Rumbo para desarrollar esta tarea está dirigido por quién hacía estas funciones en EMED hasta hace dos años, cuando fue despedido y sustituido por un canadiense sin titulación técnica homologable y sin conocimiento alguno en presas de residuos mineros.Vertidos ilegalesAdemás EMED durante los tres últimos años, y según diversos expedientes incoados por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Consejería de Medio Ambiente, ha producido vertidos ilegales e incontrolados de aguas ácidas y contaminadas con metales pesados al río Odiel en cantidades superiores a ocho millones de metros cúbicos según acreditan los propios expedientes, dando lugar a multas millonarias y estando evaluado los daños por la Consejería de Medio Ambiente en más de 13 millones de euros, ha informado Rumbo 5 Cero.Así, han concluido que el riesgo para el medio ambiente no es la actuación de Rumbo, sino la nefasta, irresponsable e negligente actuación de EMED, que ha causado un vertido casi tres veces superior al de Aznalcóllar (Sevilla), sin que ni la Justicia a la que fue denunciado en su día ni la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia hayan considerado esos vertidos graves, en contra de la opinión de la Consejería de Medio Ambiente que ha incoado un expediente sancionador por graves daños medioambientales.