REGISTROS EN DIPUTACIÓN Y EL SEPE
La Guardia Civil investiga un supuesto fraude en las contrataciones a cargo de los fondos del Plan de Empleo Agrario
8.42 h. (ACTUALIZADO 11.34 h.) Agentes de la Guardia Civil han permanecido durante más de seis horas efectuando un registro tanto las instalaciones de la Diputación Provincial como de la sede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en Huelva capital, en busca de la documentación que el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado investigar.
La Guardia Civil ha irrumpido en la mañana de este viernes en las instalaciones de la Diputación Provincial, en Gran Vía, y de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, junto a la Casa del Mar, en Huelva capital, para proceder a un registro en busca de documentación relacionada con algunas contrataciones realizadas a cargo de los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
Pese a que en un primer momento fuentes del Instituto Armado se han limitado a señalar a huelva24.com que la intervención respondía a que por mandato judicial, se ha ido a solicitar una serie de documentación, a lo largo de la mañana se ha ido conociendo que los agentes buscan, por orden de juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, documentación sobre unas contrataciones supuestamente irregulares que se habrían llevado a cabo en municipios del Andévalo.
Pese a que la investigación es secreta, algunas fuentes indican que se ha abierto a raíz de una denuncia de particulares, que habrían alertado al juzgado valverdeño de estas supuestas irregularidades.
El registro de las instalaciones se ha desarrollado durante más de seis horas, desde antes de las ocho de la mañana hasta pasadas las dos de la tarde, ha impedido que los trabajadores pudiesen acceder a sus puestos de trabajo.
Según han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el municipio onubense de Tharsis.
La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.
Los registros llevados a cabo esta mañana tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.
Hasta el momento no se han producido detenciones ni imputaciones de ninguna persona.
