Los exalcaldes de Alosno y Cabezas Rubias se declaran inocentes de posible malversación de fondos

Los exalcaldes socialistas de la localidades de Alosno y de Cabezas Rubias, Benito Pérez Ponce y Esteban Naranjo, respectivamente, se han declarado inocentes este martes en el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, después de que la titular del mismo los imputara junto a otros siete alcaldes de las localidades que forman parte de la Mancomunidad del Andévalo -antes de las elecciones municipales, ocho del PSOE y uno del PP- por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, tras la denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería el 27 de julio de 2010.Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el alcalde de Alosno ha asegurado durante su declaración que se ha enterado del asunto a través de la denuncia, ya que a pesar de ser el vicepresidente de la Mancomunidad, el cargo era simbólico porque no participaba ni en la gestión, ni en la contratación ni en el día a día, a lo que ha añadido que no todo pasaba por el pleno y era el expresidente de la entidad y actual alcalde de Paymogo, José María Infante (PSOE) , -también imputado y al que le toca declarar el próximo 3 de noviembre- el que decidía convocarlo, el que se encargaba de la contratación y el que firmaba.En esta línea, ha precisado que en relación a la empresa Novasoft, él nunca participó en ningún pleno o reunión relacionado con esta compañía, aunque ha reconocido que en algunas reuniones con Infante hizo mención a Novasoft, pero nunca convocó a ningún representante.Por su parte, el exalcalde de Cabezas Rubias Esteban Naranjo ha asegurado que se enteró de todo el asunto por la prensa, así como que desconocía la existencia de la deuda con la compañía. En este sentido, ha señalado que asistía a los plenos, aunque no a todos, pero no sabía cómo se gestionaban las subvenciones.Del mismo modo, ha insistido en que las personas que tenían la responsabilidad o capacidad de decisión eran el presidente y el vicepresidente. Así, Naranjo ha afirmado que conocía la situación económica de la Mancomunidad ni el servicio contratado, pero ha reconocido que muchas veces se enteraba por la prensa, ya que, según ha asegurado, muchas veces cuando pedía información al respecto, no se facilitaba.Pendiente el resto de declaracionesEstos dos exalcaldes han sido los primeros en declarar este martes por estos hechos, pero próximamente irán declarando los demás. Así, el próximo 18 de octubre les tocará el turno al ex alcalde socialista de Calañas, Fernando Recio, y al ex primer edil popular de El Cerro del Andévalo, José Manuel Borrero.El 3 de noviembre, la juez ha citado a declarar al actual alcalde de Paymogo, José María Infante (PSOE), y al de La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán (PSOE). El 17 de ese mismo mes, tendrán que declarar la alcaldesa de Santa Bárbara de Cala, Gonzala Gómez (PSOE), así como el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez (PSOE). Por último, el 1 de diciembre, está citado para declarar al ex alcalde de La Zarza-Perrunal Francisco Martín.Según reza en una diligencia judicial anterior, los hechos se remontan a 2007, cuando la empresa Novasoft resultó adjudicataria del contrato 'Prestación de Servicios de Teleasistencia al ciudadano. Tramitación electrónica' para la Mancomunidad de Andévalo Minero, con un importe de 468.097 euros.En el desarrollo y ejecución del contrato no se produjo ninguna incidencia a destacar, y la implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones. Es más, la Mancomunidad de Municipios de Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008. Los problemas, según reza en la denuncia, surgen al momento del abono del importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se procedió al abono de las cantidades debidas, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 418.823 euros para tal fin.Así, a pesar de haber obtenido la subvención correspondiente para el pago del contrato, y dado el tiempo transcurrido desde su concesión, la Mancomunidad debe haber cobrado la misma con toda seguridad, y sin embargo no se le ha efectuado pago alguno a la empresa. Por todo ello, Novasoft tiene serias sospechas de que los referidos fondos hayan sido desviados a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos.