Ecologistas en acción considera lamentable la “inacción de la justicia” en el incumplimiento de la sentencia sobre El Avispero

Tras conocer recientemente que el empresario de Moguer, J.M.S.,  condenado por sentencia firme , como autor penalmente responsable de  delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad, ha eludido el cumplimiento de la sentencia de prisión a la que le había condenado la Audiencia de Huelva, Ecologistas en acción lamenta que los delitos ambientales sean considerados de “categoría menor” hasta por los propios representantes de la justicia.

El empresario, que fue administrador de la finca El Avispero de Bonares, a través de la empresa Agromolinillo S.A.,  fue condenado tras haberse demostrado su responsabilidad directa en la destrucción de una zona de monte mediterráneo en el entorno de Doñana y ha estado en situación de busca y captura durante varios meses, al fugarse para no cumplir la sentencia un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a seis meses por otro de desobediencia grave.

“A nuestro entender, es evidente que el estado de derecho no ha funcionado,  no se han tomado las medidas necesarias y los resortes existentes para evitar lo que al final ha ocurrido: una burla a la justicia que ha supuesto que una sentencia condenatoria no se haya ejecutado, lo que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico”, han señalado desde la organización.

Aunque para Ecologistas en Acción “nunca es deseable que nadie ingrese en prisión, la inacción de la justicia que posibilitó la fuga del condenado en este caso y  la posterior prescripción del cumplimiento de la sentencia contrasta con el tratamiento que se produce en otro tipo de sentencias condenatorias, cuando éstas se refieren a delitos contra la propiedad privada o contra el honor. Parece que atentar contra un bien común y un derecho público protegido por la Constitución española como es el de disponer de un medio ambiente adecuado, es un tema menos importante tanto a la hora de investigar y actuar contra el delito, como al perseguir al delincuente para hacer cumplir lo ordenado en sentencia, creando una situación de ilegítima impunidad”, lamentan.