UPU denuncia que la alcaldesa de Punta quiere hacer pagar a la ciudadanía las indemnizaciones por las dos torres con el recibo del agua

El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado este martes que la propuesta de presupuestos presentada por la alcaldesa contempla que los ciudadanos paguen de su bolsillo las indemnizaciones e intereses de demora que habrá de abonarse a la entidad Riaumbría Towers S.L. por la adjudicación ilegal del proyecto de las dos torres anulado por el juzgado. Según el concejal, el presupuesto que llevará a su aprobación a pleno el próximo 21 de julio contempla que dichos pagos se hagan con cargo a un adelanto que la empresa Giahsa realizará al Ayuntamiento previa concertación de préstamos  por la entidad suministradora, que abonarán los ciudadanos con el pago de su recibo del agua.

Igualmente Hernández Cansino ha manifestado que “el presupuesto municipal contempla también devolver el precio pagado por la venta de parcelas anulada con el producto de una nueva venta, algo que volvería a incumplir el artículo 75,2 de la LOUA al destinar los ingresos del Patrimonio Municipal del suelo a usos no contemplados por la ley, y que hasta cinco veces los juzgados han determinado”.  

El portavoz de UPU explicó que “hoy mismo he presentado escrito advirtiendo que deben cumplir la sentencia conforme a ley recordando que interpondrá denuncias penal, patrimonial y contable. Si aprueban este presupuesto, incrementarán sus responsabilidades que sin duda exigiremos”.

El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado este martes que la propuesta de presupuestos presentada por la alcaldesa contempla que los ciudadanos paguen de su bolsillo las indemnizaciones e intereses de demora que habrá de abonarse a la entidad Riaumbría Towers S.L. por la adjudicación ilegal del proyecto de las dos torres anulado por el juzgado. Según el concejal, el presupuesto que llevará a su aprobación a pleno el próximo 21 de julio contempla que dichos pagos se hagan con cargo a un adelanto que la empresa Giahsa realizará al Ayuntamiento previa concertación de préstamos  por la entidad suministradora, que abonarán los ciudadanos con el pago de su recibo del agua.  Igualmente Hernández Cansino ha manifestado que “el presupuesto municipal contempla también devolver el precio pagado por la venta de parcelas anulada con el producto de una nueva venta, algo que volvería a incumplir el artículo 75,2 de la LOUA al destinar los ingresos del Patrimonio Municipal del suelo a usos no contemplados por la ley, y que hasta cinco veces los juzgados han determinado”.   El portavoz de UPU explicó que “hoy mismo he presentado escrito advirtiendo que deben cumplir la sentencia conforme a ley recordando que interpondrá denuncias penal, patrimonial y contable. Si aprueban este presupuesto, incrementarán sus responsabilidades que sin duda exigiremos”. Cabe recordar que UPU anunció tras la última sentencia anulando el proyecto de las dos torres que interpondrá por un lado denuncia penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación, y por otro ejercerá la acción contable para reclamar  al equipo de gobierno la devolución al PMS del dinero ingresado por la venta gastado ilegalmente, así como la acción patrimonial para que restituyan a las arcas públicas la indemnización que el ayuntamiento deba pagar a la empresa por la adjudicación ilegal del proyecto. José Carlos Hernández recordó  que “el juez ha recalcado que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”. Por otra parte, ante el anuncio del equipo de gobierno de iniciar un nuevo proceso de venta el portavoz de UPU manifestó que “hasta que no finalicen todos los procedimientos judiciales pendientes no se podrá iniciar ningún nuevo procedimiento de venta del suelo”,  recordando que “la empresa ha anunciado que recurrirá y existen todavía dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, además de la falta de firmeza de la última sentencia. El juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender”, aclaró Cansino. Para Hernández Cansino, “la alcaldesa, pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora pretende que sean los ciudadanos los que paguen sus errores y con el recibo del agua”. Hernández Cansino recuerda que “hasta cinco veces nos han dado los tribunales la razón y que vuelve a constatar la ilegalidad del proyecto de las torres, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto cero y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno, y las concejalas tránsfugas que votaron a a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es  obvia, la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada, y ahora pretende que los ciudadanos lo paguen otra vez de forma ilegal”, asegura. Por eso – ha argumentado-  “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones tendrán que asumirlos quienes aprobaron el  proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según Cansino, “los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”. 

José Carlos Hernández recordó  que “el juez ha recalcado que nunca debieron adjudicar el proyecto cuando sabían que existía un litigio judicial sobre el mismo”, aclarando que esta circunstancia “ha agravado las responsabildades económicas del ayuntamiento que inicialmente se han cifrado en mas de 6,5 millones de euros”.

Por otra parte, ante el anuncio del equipo de gobierno de iniciar un nuevo proceso de venta el portavoz de UPU manifestó que “hasta que no finalicen todos los procedimientos judiciales pendientes no se podrá iniciar ningún nuevo procedimiento de venta del suelo”,  recordando que “la empresa ha anunciado que recurrirá y existen todavía dos contenciosos contra la modificación urbanística que contemplaba las dos torres, uno de ellos interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica por incumplimiento de la ley de costas del proyecto, además de la falta de firmeza de la última sentencia. El juez ha dicho muy claramente que un bien litigioso no se puede vender”, aclaró Cansino.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa, pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora pretende que sean los ciudadanos los que paguen sus errores y con el recibo del agua”. Hernández Cansino recuerda que “hasta cinco veces nos han dado los tribunales la razón y que vuelve a constatar la ilegalidad del proyecto de las torres, algo que advertimos por activa y por pasiva desde el minuto cero y pese a ello la alcaldesa y equipo de gobierno, y las concejalas tránsfugas que votaron a a favor siguieron adelante causando graves perjuicios al pueblo. Su responsabilidad es  obvia, la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada, y ahora pretende que los ciudadanos lo paguen otra vez de forma ilegal”, asegura.

Por eso – ha argumentado-  “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones tendrán que asumirlos quienes aprobaron el  proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según Cansino, “los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias legales de sus actos y las económicas de su bolsillo”.