Se eleva a 19,8 millones el coste a Punta Umbría del proyecto de las torres anulado por los juzgados

La empresa RiaUmbría Towers, adjudicataria del proyecto urbanístico anulado en la Avenida Ciudad de Huelva del municipio anulado por los tribunales, ha reclamado al Ayuntamiento de Punta Umbría otros 13,4 millones de euros - más sus intereses- en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados, ha informado hoy portavoz Unidos por Punta Umbría (UPU) en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino.

Concretamente, ha dicho, reclama por un lado 11,5 millones en concepto de lucro cesante por los beneficios dejados de percibir, y otros 1,88 millones mas de indemnización por daños y perjuicios a sumar a los ya reconocidos por el Ayuntamiento por ese concepto por importe de 1,7 millones de euros. Además deberá devolver la cantidad de 4,8 millones pagados como precio de las parcelas del proyecto fallido, en total la cantidad suma 19, 8 millones de euros.    

Hernández Cansino ha concretado que la empresa en su reclamaciones, justifica su petición en la exclusiva culpa del Ayuntamiento en la nulidad del proyecto y de ahí que tenga la obligación de indemnizarles por los perjuicios causados a la empresa, según argumentan.

Tras la anulación judicial del proyecto, el Consistorio reconoció la ilegalidad del mismo retirando todos los recursos judiciales, y aprobando la devolución a Riaumbría del importe abonado por el precio de las parcelas, así como una indemnización de 1,7 millones de euros. Ahora, la empresa incrementa el importe y los conceptos de indemnización en otros 13,4 millones de euros. Hernández Cansino también ha anunciado que dichas reclamaciones se tratarán en el próximo Pleno a celebrar el miércoles 24 de noviembre.

Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora que da marcha atrás reconociéndolo no le queda otra que irse”.

“La responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad  son obvias”, y añadió que   “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.

Por eso – ha argumentado -  “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el  proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo”.