tras la decisión adoptada en el pleno
Cansino señala que PSOE y PP prefieren asegurar la financiación de sus partidos a que Punta decida sobre el agua
18.15 h. El presidente de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado este viernes que tanto PSOE como el PP han preferido 'asegurar sus sueldos en Giahsa y la financiación de sus partidos con el recibo del agua a que el pueblo decida en referéndum cómo quiere que se gestionen sus recursos'.
En el pleno celebrado hoy a propuesta de los concejales de UPU, según rezaba en el propio texto de la solicitud, el punto del orden del Día incluido era “acordar la convocatoria de referéndum en el que el pueblo de Punta Umbría pueda decidir de manera democrática si desea modificar la gestión de los servicios del ciclo integral del agua y de RSU en el municipio, alterando la gestión directa por integración en una Mancomunidad, por una gestión directa por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría, bien sea a través del propio Ayuntamiento o de una empresa pública municipal que legalmente pudiera constituirse, y todo ello según la tramitación prevista en la ley 2/2001 del 3 de mayo de Regulación de las Consultas Populares Locales de Andalucía”.
Según Hernández Cansino, “hemos explicado en el pleno dónde se está destinando verdaderamente el dinero que se recauda con nuestros recibos de agua y recogida basuras. Y de los propios presupuestos de MAS y Giahsa se infiere que pagamos unos 2.000.000 euros en gastos políticos”.
En órganos de gobierno y personal directivo asciende a 201.999 euros y en asesores a 243.171, 04 euros, es decir, que el personal político ascendería a 445.170 euros frente al personal funcionario de la MAS, que solo asiende a 111.400,34 euros. A ello habría que sumar la asignación para grupos políticos denominada 'a familias e instituciones sin ánimo de lucro', que ascendería a 656.000 euros, para financiar a PSOE, PP, IU y PA”, ha añadido Cansino.
Para Hernández Cansino “el equipo de Gobierno, con la complicidad de los concejales del PP de María Sacramento, han preferido privar al pueblo de un de un referéndum legal y posible que poner en peligro la financiación de sus partidos y los sueldos de sus dirigentes, entre otros el del propio alcalde como presidente de Giahsa. Las posturas a favor o en contra de la consulta popular o las excusas para su viabilidad, tendrán que defenderse en una eventual campaña una vez convocado la propia consulta. Los argumentos del alcalde denotan que no cree en la soberanía legítima del pueblo. Decir que el pueblo no sabe cuales serían las consecuencias de una salida es poner en duda su capacidad de decusión”.
Asimismo, el líder de UPU ha recordado que en el pleno ha argumentado y demostrado con documentos que “Punta Umbría aporta más a Giahsa que lo que recibe de ella, y que con nuestros recibos del agua estamos pagando las infraestructuras de todos los pueblos de la Sierra y del Andévalo, en los cuales la gestión del servicio es deficitaria”.
Cansino ha señalado que “sin embargo, en Punta Umbría ya se cuenta con todas las infraestructuras y con más usuarios que en todos los demás pueblos de la provincia”. Según el líder de UPU, recuperar el servicio de agua y de basura aún pagando los costes de separación de la MAS “ahorraría de forma inmediata entre un 20 y un 30% el recibo y, a medio plazo, más de un 100%”.
Ha continuado afirmando a que las tarifas legalmente deben reflejar el coste efectivo del servicio, haciendo hincapié en el hecho de que “nunca puede entenderse como tal pagar sueldos de políticos o 650.000 euros anuales para financiar partidos políticos, y que es algo que precisamente está investigando la Fiscalía”.
Finalmente, Hernández Cansino ha asegurado que la municipalización del servicio permitiría respetar todos los puestos de trabajo del personal de Punta Umbría adscrito a Giahsa, localizaría la gestión con una oficina en la localidad costera y no en Aljaraque, e incluso crearía empleo, “pues a las contratas de obras tendrían oportunidad de acceder empresas puntaumbrieñas y no desde la oscuridad de las adjudicaciones de obras sin respetar los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”.