PUNTA UMBRÍA
El TSJA condena a Rodríguez Nevado por vulnerar derechos fundamentales de los concejales de la oposición
18.45 h. El tribunal ratifica la obligación que tiene el alcalde de Punta Umbría de facilitarles los expedientes de las ayudas sociales concedidas antes de las elecciones municipales, que según UPU se duplicaron en la época preelectoral y en las que ya se han detectado irregularidades.
La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en ha dictado sentencia en la que, tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Punta Umbría, ratifica la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Huelva que condenaba al alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales de la oposición al no facilitar información sobre las ayudas sociales concedidas antes de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. Según recuerda el presidente de UPU y portavoz municipal de la formación, José Carlos Hernández Cansino, tuvimos que llevar el asunto a los tribunales por la negativa reiterada a facilitar esa información a la oposición sobre las ayudas dadas durante la etapa preelectoral.
La sentencia reconoce que “no sólo la información facilitada fue meramente parcial, contraviniendo lo que había sido concedido por el mecanismo del silencio administrativo –lo que, de por sí, comportaría la vulneración del derecho fundamental invocado- sino que, además de ello, la información solicitada, concerniente a los numerosísimos expedientes de concesión de ayudas sociales que habían sido sustanciados en el período temporal a que venía referida la petición de información, fue proporcionada a los recurrentes el día 30 de agosto de 2011 cuando la sesión plenaria extraordinaria en la que había de debatirse sobre la constitución o no de la Comisión informativa Especial había sido convocada para el siguiente día 1 de septiembre vedando así el adecuado ejercicio de las funciones de fiscalización y control que incumbían a los recurrentes, con la consiguiente vulneración del derecho fundamental que los mismos han reputado infringido.”
Por todo ello la resolución judicial concluye que lo comprobado en el procedimiento comporta “necesariamente la vulneración apreciada y el restablecimiento del derecho fundamental afectado la nulidad de la actuación impugnada y la consiguiente condena de la Corporación local demandada a facilitar el acceso efectivo a la información interesada”.
Las ayudas sociales se duplicaron
Hernández Cansino ha recordado que tras detectar que las ayudas sociales inmediatamente anteriores a las elecciones municipales de 2011 duplicaban las del mismo periodo del año anterior, solicitaron los expedientes completos de las mismas y comprobaron que entre el mes de abril y los primeros 20 días de mayo de 2011, se concedieron ayudas por valor superior a los 36.000 euros, mientras que este montante descendió hasta los 3.000 euros después de las elecciones y en el resto del mes de mayo y junio.
Ante esta situación, Hernández Cansino ha recordado que los concejales de la oposición solicitaron la celebración de un pleno extraordinario al objeto de que se creara una comisión de investigación, así como pidieron toda la información relativa a esas ayudas, como los informes técnicos sociales, la situación económica y social de las familias, que fue denegada al considerar desde el equipo de Gobierno que era información confidencial. No obstante, ha remarcado que el propio secretario municipal instó al traslado de los expedientes necesarios para confirmar ese posible uso electoral del dinero público. El portavoz municipal de UPU considera que se podría haber dado a dichas ayudas un uso electoralista, al objeto de comprar voluntades o votos, ya que además dichas ayudas disminuyen hasta en diez veces una vez transcurridos los comicios.
Irregularidades en los expedientes revisados
El presidente de UPU también indicó que “siguen poniéndonos todas las trabas del mundo para que podamos examinar los expedientes completos de las ayudas pese a las resoluciones judiciales”. De hecho sólo pueden examinarse en la pantalla de un ordenador, con la presencia de una funcionaria “que es la que maneja el ratón del mismo y que apunta cada expediente que ves”.
El concejal independiente manifestó que “pese a las dificultades, hemos podido comprobar que en los doce expedientes que hemos visto de ayudas al alquiler, en siete de ellos ni siquiera estaba justificado que existiera una vivienda arrendada”. Además, añadió que “curiosamente el técnico que daba cobertura a la procedencia de tales ayudas en el expediente es Julio Piedra, concejal del PSOE en Palos de la Frontera y contratado a dedo por Gonzalo Rodríguez Nevado”.
Por todo ello, “todo hace indicar que posiblemente se compraron votos con las ayudas sociales y por ello no descartamos interponer acciones penales”, concluyó Hernández Cansino.
