La Fiscalía mantiene las penas contra el ex alcalde de Aljaraque, su socio y Casto Pino

El Ministerio Fiscal ha elevado este lunes a definitivas sus conclusiones sobre las penas que pide para el ex alcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP) por un delito contra la Hacienda Pública  y por otro continuado de falsedad en documento mercantil; para el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, como presunto autor del delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, y para A.G.V., socio del ex primer edil y acusado por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, al entender que se ha producido una gigantesca y sistemática operación de defraudación a Hacienda.

Cabe recordar que finalmente el delito de falsedad documental no ha sido objeto de este juicio al resolver la sala en cuestiones previas que estaba prescrito, tras solicitarlo los letrados de la defensa, no obstante, según ha confirmado a Europa Press, la Fiscalía va a estudiar si lo recurre en casación ante el Tribunal Supremo y hacer juicio por este delito en concreto.

Para el ex alcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el ex alcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.

Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el ex regidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el ex alcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.

Era “un chiringuito”

Antes de que el Ministerio Fiscal elevara a definitivas sus conclusiones, al igual que el abogado del Estado, ha declarado Rafael Barroso, el empresario que denunció los hechos y ex militante del PP, el cual ha asegurado ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva que la gestión del suelo en el Ayuntamiento en aquellas fechas era un chiringuito y siempre había que pasar por taquilla.

Este juicio, que comenzó el pasado 20 de abril y ha ido celebrándose en sesiones salteadas, continúa este martes con los informes de las defensas.