JUICIO POR LAS CAPTACIONES AGUA EN DOÑANA
El Seprona destaca la colaboración de los agricultores y su convicción de poder usar el agua
18.42 h. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que participaron en la investigación ordenada por la Fiscalía en la finca Matalagrana de Almonte, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, tras una denuncia de un particular por la extracción de aguas de sondeos en la zona, han destacado la 'total' colaboración de los agricultores durante sus visitas a las parcelas, así como el convencimiento de los mismos de que podían usar el agua de los pozos.
Así lo han indicado dos de los agentes en la tercera sesión del juicio contra 13 agricultores con parcelas en esta finca y los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva.
Los agentes han señalado que esta investigación se llevó a cabo en el verano de 2012 y que los agricultores ayudaron en la inspección de las parcelas y sondeos situados en la finca, así como facilitaron la documentación requerida por el Seprona, entre la que se encontraba el convenio firmado con el Ayuntamiento, en virtud del cual, creían entender que estaba autorizada la extracción del agua porque consideraban que el uso de los pozos venía aparejado con las tierras.
Asimismo, han apuntado que los conveniados manifestaron que las parcelas eran de titularidad pública y que los sondeos llevaban allí desde los años 70, a la par que han remarcado que los mismos y el material de extracción estaban en casetas normalmente a la vista y no había balsas conectadas a ellos ni tampoco actuaciones para aprovechar el nivel freático.
En este punto, con respecto a los once sondeos en uso, uno de los agentes ha señalado que la Junta de Andalucía remitió un escrito en el que relacionaban los sondeos autorizados y que era concordante con lo manifestado por los agricultores.
Por otra parte, el agente ha indicado que comprobaron que muchos de los sondeos contaban con contadores, si bien eran propios de los agricultores para controlar el consumo pero que carecían homologación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pero que no hubo que sustituirlos solo validarlos y precintarlos, tras lo que los efectivos del Seprona los inspeccionaron.
Estos mismos agentes han apuntado que participaron en una investigación más amplía encargada por la Fiscalía General también referida a la extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana, que abarca más zonas, reseñando que la diferencia con Matalagrana es que en esta finca los pozos estaban construidos por la administración y no estaban ocultos.
En este jornada también ha declarado como testigo el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) entre 2012 y 2017, Manuel Romero, quien ha explicado que la Ley de Aguas de 1985 establece que todas las aguas subterráneas eran públicas y daba un plazo de diez años a los propietarios de pozos anteriores a esta ley que los inscribieran en el catálogo de aguas privadas.
Esta inscripción, ha indicado, contaba con una duración de 50 años pero contaba con la condición de no tocarlos hasta que se pasara a concesión pública, por lo que su simple inscripción no daba derecho a su uso y que, en cualquier caso, necesitaba una autorización.
En este punto, ha explicado que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) solicitó la inscripción como pozos privados en 1988, pero que, posteriormente, se procedió a su suspensión temporal al indicar el propio IARA que no se hacía uso de los mismos y no fue hasta 1996, cuando se firmaron los primeros convenios para poner en producción ecológica Matalagrana, cuando se solicita el levantamiento de dicha suspensión.
En este sentido, ha señalado que el problema se produce en 1988 cuando el IARA manda un escrito a la CHG desistiendo de los once sondeos, algo que es considerado posteriormente como un error, por lo que se solicitó la subsanación del mismo.
De este modo, Romero ha apuntado que la CHG denegó la inscripción de los mismos en 2007, algo que fue corregido en 2014 al estimar un recurso de reposición interpuesto por el IARA, por lo que se acordó retrotraer las actuaciones a ese 2007 para ver si se había hecho algo mal y si se podía dar la inscripción como aguas privadas con el nuevo marco brindado por el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana de 2012.
No fue hasta 2020 cuando la CHG otorgó una autorización especial de aprovechamiento de aguas públicas, por el que los agricultores podían hacer uso del agua de los sondeos de Matalagrana, con una concesión de 20 años.
Finalmente, también ha declarado uno de los miembros de WWF, firmante del informe 'El robo del agua en Doñana', señalando que desde la organización consideran que los pozos eran ilegales y que no se podían usar y que constataron que no habían sido legalizados, al tiempo que ha aseverado que la misma agencia del agua confirmó la incapacidad de legalizar el agua. Asimismo, ha señalado que, según los datos de 2004 el acuífero de Doñana ha descendido 24 metros, en parte, por la actividad agrícola.
