El juez cita a diez imputados por el caso ‘Dehesa Santa María’

El titular delJuzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condadoha dictado un auto en el que cita en calidad de imputados a un total de diezpersonas, en relación con unpresunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por el casodenominado ‘Dehesa Santa María’, consistente en la compra de cuatroparcelas en la legislatura 2003-2007.

Figuran en el auto la actualsecretaria general del PSOE, Rocío Espinosa, actuales ediles del grupomunicipal, como es el caso del ex alcalde de Almonte, Francisco Bella, eltambién diputado José Villa y María Azucena León, quien es también miembrode la ejecutiva local. En estos tres últimos casos, se encuentran acusadosigualmente por la compraventa del campo de golf. Completan la lista de citados otras dos ex concejalas del equipo entoncesgobernante, M.B. J. R. y R. M. N. R., dos de los vendedores, el arquitectotécnico municipal que realizó la primera tasación de los terrenos y unfuncionario del Ayuntamiento.

Los imputados con responsabilidad política deberáncomparecer ante el juez el día 7, a excepción de Espinosa que deberá hacerlo el11 junto al resto de llamados. Esta causa se suma a otros procesos judicialesabiertos, como el caso ‘Campo de Golf’ por el que trece concejales del gobiernosocialista saliente en 2011 han sido ya formalmente acusados por el juez por undelito de prevaricación y otro de fraude en la contratación. De esta forma, ha resultado imputada la que tambiénfuera durante los años 2007 y 2011 directora general de Sostenibilidad de laRed de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA), órgano adscrito a la Consejeríade Medio Ambiente. El pasado lunes, el alcalde de Almonte, José AntonioDomínguez Iglesias (PP) ratificó en el Juzgado de La Palma del Condado ladenuncia que presentó en nombre del Ayuntamiento.

Detalles del caso

En 2006, el equipo de gobierno socialista adquirió cuatro fincas con una superficietotal de 153 hectáreas por las que el Consistorio pagó 4,3 millones de euros.Según el actual equipo de gobierno popular, un precio muy superior al valor real de los terrenos. Por ello, yen la intención de conocer el estado real de las cuentas públicas, encargó uninforme al perito agrícola municipal.

En su dictamen, el técnico comparó otras referencias catastralesde aquel año y dictaminó que el valor de las parcelas no superaba los 1,7millones de euros. Como resultado, el Ayuntamiento reclama en la denunciapresentada daños y perjuicios por un importe de 2,6 millones de euros, más losintereses devengados. El equipo popular también ve “indicios de ilegalidad” en la forma en la que se gestó la operación.

Según detalló en su día el portavoz popular José Joaquín dela Torre, el expediente administrativo de la compraventa “se habría realizado con posterioridad al acuerdo entre las partes”.Por otro lado y según la normativa, los bienes de las entidades locales deAndalucía establecen el concurso como la forma habitual de contratación, algoque de ningún modo ocurrió en este caso.