Una mujer denuncia que la Junta le obliga a elegir entre su empleo y que sus hijas coman al salir de clase

María José García Gallardo era una madre en paro cuando comenzó el curso. Por eso, no se planteó inscribir a sus dos hijas, que salen a las 14.00 horas del colegio, en el servicio de comedor de este centro a pesar de que su marido, con el que actualmente convive, tiene un horario de 08.30 a 17.30 horas.

Los problemas comenzaron cuando el 16 de noviembre conseguí un trabajo cuyo horario es de 9.00 a 18.00 horas. Es entonces cuando me dirigí al centro escolar para plantear mis dificultades de conciliación y buscar una solución, motivada por la constante publicidad que se le da al tema del feminismo, la conciliación laboral y familiar y la defensa del trabajo de las mujeres que hace la Junta de Andalucía, de quien depende la Delegación de Educación, indica María José, que asegura que en un primer momento solicité formalmente en el propio colegio las plazas -cosa que ocurre el 19 de noviembre-. Poco después, el centro me informa por escrito de que no existían en aquel momento plazas disponibles en el comedor.

Ante esta situación, María José Gallardo presentó una instancia (que se adjunta en esta información) planteando su problema. Dicha instancia entra en el registro con fecha 27 de noviembre. La respuesta que recibe (que también se adjunta), que tiene fecha 3 de diciembre pero que ella recibe el 10 de diciembre por correo ordinario -en lugar de certificado que sería lo deseable y procedente para este tipo de diligencias- es que se acogen a la Orden del 3 de agosto de 2010 y que no pueden ofrecer solución alguna. En la mencionada orden lo único que se puede destilar es que las solicitudes debían presentarse entre el 1 y el 8 de junio, momento en el que como se ha mencionado anteriormente, esta afectada no necesitaba las plazas.

María José Gallardo señala ahora que se encuentra en una situación de indefensión absoluta que le provoca a su vez una total impotencia, puesto que se le está situando en la tesitura de tener que elegir entre poder trabajar y desarrollarse profesionalmente o poder dar de comer a sus hijas, evitando abandonarlas.

Esta madre considera que si es una orden la que regula este tipo de circunstancia, la potestad de regular y cambiar la materia es de la propia Consejería de Educación, y si no lo hacen, cree que es por falta de voluntad política para corregir una norma que se ha demostrado insuficiente para las familias, además de falta de respeto a la conciliación del derecho al trabajo y a la familia.

Por eso, María José lamenta que el Gobierno Andaluz habla mucho de esto pero no toma medidas. Un ejemplo es nuestro colegio, donde se podrían acoger a más niños en el comedor pero no se hace porque no se amplía el número de plazas. Se remiten a las normas y a los presupuestos. Las normas  se cambian cuando no funcionan. Además, se ha demostrado que ésta es insuficiente desde hace tiempo y sin embargo, siguen sin tener voluntad política para cambiarlo. 

Por otra parte, esta mujer de Mazagón recalca que esta falta de voluntad va más allá de su caso, ya que hay más familias afectadas. Algunas de ellas, tienen que llevar a sus hijos al propio puesto de trabajo: por ejemplo, una cocina de un bar.

Igualmente, María José asegura que se comprueba la falta de voluntad con el proceso que se sigue para otorgar las plazas, ya que la documentación requerida no exige documentación oficial, sino documentos privados que cualquiera puede conseguir fácilmente.  Por este motivo, ha solicitado a la Delegación que revisen los expedientes, a lo que aún no he recibido respuesta alguna. No puede explicarse cómo unos padres que presentan la solicitud en junio y dejan de trabajar en agosto tienen derecho a comedor todo el año y a otro padre que le surja un trabajo durante todo el año, no puede optar a ninguna plaza. Por tanto, se está produciendo un agravio comparativo entre los padres y lo que es más, entre los menores, que de ningún modo tienen culpa de que sus padres hayan obtenido un empleo.

Por todo lo anteriormente expuesto, la afectada quiere una solución a su problema, al tratarse, entiende, de una situación especialmente delicada y que debería implicar que no tuviera que abandonar su trabajo.