El Ayuntamiento de Cartaya insta al Gobierno y a la Junta a investigar el destino de las subvenciones a la Futeh

De esta forma, según ha informado el Consistorio en una nota, el portavoz del equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, ha asegurado que cumplen con su obligación, como representantes institucionales, de solicitar a las administraciones competentes que determinen si ha existido justificación fraudulenta de estas ayudas cuyo destino era la contratación de personal que finalmente han desempeñado su labor no para estas entidades, sino para el Ayuntamiento de Cartaya.

Maestre ha apuntado que el equipo de Gobierno se ve en la responsabilidad de poner este hecho en conocimiento de las administraciones competentes después de que el Ayuntamiento se haya visto seriamente perjudicado por varias sentencias, la última con fecha 12 de enero de 2012, en la que el juez, de forma expresa, establece que se produjo cesión ilegal de trabajadores mediante contrataciones con la Futeh y la AATT, y que resulta condenatoria para el Ayuntamiento y gravemente perjudicial para sus intereses por la cuantía indemnizatoria que se le impone, cuantía que además nos vemos obligados a abonar sin tener nada que ver con la gestión anterior.

Para el portavoz es igualmente grave que el propio presidente de la Futeh reconociera ante el juez esta cesión ilegal de trabajadores que ahora se traduce en un coste importante para las arcas municipales, sobre todo, añade, porque la propia sentencia arroja serias dudas sobre el destino final de unas subvenciones concedidas.

Datos de la sentencia

El caso concreto hace referencia a una sentencia del Juzgado de lo Social número tres de Huelva, que en enero condenó al Ayuntamiento a indemnizar a un empleado del Ayuntamiento de Cartaya por considerar que el mismo había sido víctima de un caso de cesión ilegal de mano de obra, con implicación activa de la Fundación de Trabajadores Extranjeros de Huelva y la Asociación de Apoyo a los Trabajadores Temporeros.

La sentencia reconoce que a este trabajador, desde junio de 2006 a junio de 2011, se le destinó desde el primer momento, de manera permanente y no meramente coyuntural, a prestar servicios cuyo beneficiario exclusivo era el Ayuntamiento de Cartaya, utilizando el despacho y los medios materiales facilitados por este último.

Así detalla que quedó integrado desde un primer momento en la estructura organizativa del Ayuntamiento, a pesar de que los contratos de trabajo estaban formalizados en ocasiones con la Fundación y en otras con la Asociación.

Como consecuencia de todo ello, la propia sentencia reconoce que el trabajador nunca trabajó ni para la Futeh ni para la AATT, empresas para las que fue contratado, y establece que aparte de las posibles responsabilidades penales y administrativas que pueden conllevar tales conductas de tráfico ilícito de trabajadores, quienes ceden ilegalmente trabajadores tienen que enfrentarse a responsabilidades laborales y de Seguridad Social.

Con la aprobación en pleno de la moción del equipo de gobierno, respaldada por los grupos municipales de ICAR, PP y PA, y UPyD, y que ha contado con el voto en contra del PSOE y con la abstención de IU, lo único que pretende la Corporación es solicitar una investigación del destino de estas subvenciones a las administraciones competentes, porque es finalmente el Ayuntamiento el que resulta perjudicado por esta cesión ilegal de trabajadores, ya que es el Consistorio quien tiene que hacerse cargo de la indemnización correspondiente, ha destacado finalmente el alcalde, Juan M. Polo.