El PSOE de Lepe indica que este año de legislatura 'está marcado por la privatización y la renovación de préstamos'

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lepe, Iván Vázquez, ha señalado que en el balance de este año municipal “la tónica habitual de los plenos ha sido la subida de las tasas municipales, la privatización de servicios y la renovación de préstamos”. Así, el representante socialista ha indicado que estas actuaciones demuestran que el alcalde del PP, Manuel Andrés González, “se presentó a unas elecciones sin proyectos” para el municipio.Del mismo modo, el portavoz socialista ha afirmado que al igual que Rajoy, “el alcalde de Lepe no cumple con nada de lo que prometía en su programa electoral”. El portavoz socialista ha insistido que “esa forma de gobernar del PP en Madrid lo encontramos de primera mano en nuestro municipio, lo que demuestra la poca capacidad de gestión que tiene Manuel Andrés González que, después de nueve años al frente del Ayuntamiento, acumula una enorme deuda de más de 30 millones de euros”.En este sentido, Iván Vázquez ha señalado que este año son muchas las privatizaciones que se han llevado a cabo en el municipio, “como son la prestación de la ayuda a domicilio, la residencia de mayores, la limpieza viaria, la recogida de basuras o la escuela hípica”.  Según el portavoz socialista, la línea a seguir por el alcalde del PP es la de “seguir asfixiando al ciudadano con las subidas de las tasas por cursos deportivos, por actividades culturales, incremento  del IBI, los impuestos por ocupación de vía pública y encarecimiento en el suministro de agua”.A ello hay que unir el hecho de que la desastrosa gestión del PP al frente del Ayuntamiento en estos años ha hecho de Lepe el municipio que acumula la mayor tasa de paro de la provincia, sólo superada por la capital, también gobernada por el PP”, ha añadido Vázquez.Por último, Iván Vázquez ha recordado que “Rajoy ha obligado a los ayuntamientos a hacer un plan de pago a proveedores que ha sido la excusa perfecta para intervenir a los ayuntamientos. Con ello, se ha obligado a los consistorios a hacer un plan de ajuste que los comprometen los próximos diez años, y que va a suponer un retroceso de los servicios públicos, porque su capacidad económica que tiene que prestar va a estar limitada”.