IU no se personará como acusación particular en la causa de Ayamonte al 'no tener legitimación directa'

Por éstas se encuentran imputados el actual alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), y el exalcalde, el también socialista Rafael González, además de técnicos municipales.En declaraciones, el portavoz y concejal de IULV-CA en el Ayuntamiento ayamontino, Antonio Miravent, ha asegurado que aunque desde la ejecutiva decidieron dar este paso porque ven indicios de delito y porque tiene que defender la imagen de la localidad, cuyo paisaje natural ha sido destruido por los planes urbanísticos, el juez esgrima que en los estatutos de IU no existe ningún objetivo fundamentado en la defensa del medio ambiente.Por ello, el grupo está buscando nuevas vías para personarse. En este sentido, ha añadido que otra opción sería presentarse como acción popular, pero para ello el juzgado exige una fianza entre 60.000 y 80.000 euros, por lo que por el momento esta opción está descartada.La pasada semana en rueda de prensa para explicar la posición de IULV-CA en Ayamonte, Miravent aseguró que quizás ha llegado el momento de que se renueven algunos cargos públicos en general, porque por esta causa se está deteriorando todo un pueblo y el Ayuntamiento como institución.El PSOE gobierna en minoría en el municipio ayamontino con diez concejales, después de que IULV-CA se abstuviera en el pleno de investidura del Ayuntamiento de Ayamonte.Al respecto, Miravent hizo hincapié en que su grupo respetó la votación de la mayoría de los ciudadanos que votó al PSOE y aclaró que IU llegó a un acuerdo con el PSOE para conformar una agenda política, que finaliza en el mes de septiembre, con acuerdos puntuales para llevar a cabo una auditoría urbanística o el foro de la movilidad, entre otras actividades. No obstante, matizó que su grupo ha sido el que más ha denunciado todas las irregularidades cometidas en Ayamonte, indicando además que el PP ha apoyado más mociones del PSOE que IU.Según precisó el portavoz de IULV-CA, esa causa se inicia a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción tras la reconversión de una zona verde pública en zonas ajardinadas de urbanizaciones privadas, construyéndose entre 250 y 300 apartamentos en la zona de la playa de Los Haraganes, y tras ello el Seprona se incauta de documentación urbanística en el Ayuntamiento de la localidad.