IU condena el asalto por parte del segundo teniente de alcalde de Cartaya de las instalaciones que Giahsa

Izquierda Unida considera que el asalto perpetrado por el segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cartaya, Gabriel Maestre,a las instalaciones que la empresa pública Giahsa gestiona en el municipio es “unacto de vandalismo, en el que esemiembro del Gobierno municipal ha implicado de forma irresponsable a técnicos del Ayuntamiento y a agentesde la Policía Local”. Maestre se hapersonado en esas instalaciones y ha cambiado las cerraduras de las mismas paraimpedir que Giahsa siga ofreciendo el servicio de abastecimiento y saneamientode aguas, cuya prestación ICAR, PP, PA yUPyD han privatizado mediante su entrega a Aqualia.

“El asalto se ha producido sin respetar el plazo de tresdías decretado por la juez para estudiar la concesión del servicio a Aqualia”,plazo que vencía el próximo lunes. Durante el asalto, el segundo teniente dealcalde habría expulsado a los trabajadores de Giahsa que desarrollaban sulabor en las tres instalaciones violentadas.

Izquierda Unida considera que hechos como estos “ponen demanifiesto el más absoluto desprecio por parte de ICAR, PP y PA hacia los  procedimientos legales más elementales, asícomo hacia los trabajadores de Giahsa vinculados a Cartaya”. Estos últimos “sehan encontrado con la negativa frontal del gobierno municipal a ser asumidos ensu totalidad por el Ayuntamiento, que sólo quiere hacerse cargo de ocho deellos, es decir, de la mitad”. De esa forma, el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, “incumple su promesa deasumir a estos trabajadores, para lo cual pone como excusa que parte de ellosno prestaba sus servicios directamente en el municipio”.

IU sospecha que detrás de la negativa a asumir a lostrabajadores de vinculados a Cartaya está “el interés de ICAR, PP y PA dedecirle a Aqualia quién debe y quién no debe trabajar en el abastecimiento y saneamiento de aguasen el municipio tras haberle adjudicado a esa empresa privada el servicio,extendiendo así a esa actividad el enchufismoque se practica en el Ayuntamiento”.

Izquierda Unida exige al gobierno municipal de Cartaya quedé marcha atrás y “respete el plazo dado por la juez para el estudio de laconcesión del servicio a Aqualia, de manera que ésta se pueda pronunciar sobrela legalidad o no de esa decisión”. IU exige también que mientras no seproduzca el pronunciamiento de la juez, el servicio se mantenga como hastaahora y los trabajadores que lo prestan puedan desarrollar su actividad “sinamenazas ni coacciones por parte del gobierno municipal de ICAR, PP y PA”.