la causa sigue abierta
Ecologistas en Acción recurre al auto de archivo de las presuntas irregularidades urbanísticas en Isla Canela
20.13 h. Ecologistas en Acción ha señalado que ha recurrido al auto dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte que acordó el sobreseimiento y el archivo de la causa de las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en Isla Canela, por las que fueron imputados el alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Castillo, y su antecesor en el cargo, el también socialista Rafael González.
Rodríguez Castillo y González, así como siete personas más, entre concejales, promotores y constructores. fueron imputados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, contra la administración pública y cohecho.
El juez estimó que no había indicio alguno que indicara que los investigados “se beneficiaran ilegítimamente por su actuación en el Consistorio ayamontino”, ni que la ONG Ayamonte Solidaria fuese utilizada “como vía para la obtención directa de prestaciones económicas para la realización de favores urbanísticos”.
Tras estudiar el auto de archivo, Ecologistas en acción de Ayamonte considera que la causa abierta gracias a la labor de investigación de la Guardia Civil y a la valentía del propio juzgado no debe quedar cerrada cuando quedan importantes diligencias que aún no se han realizado, ni sin que haya habido oportunidad ninguna para que los representantes legales del colectivo ecologista pudiesen estudiar el conjunto de la documentación, ni proponer nuevas actuaciones.
El recurso de reforma presentado por los abogados de Ecologistas en Acción considera además que existen indicios más que suficientes para continuar la instrucción y depurar las responsabilidades penales, no solo en cuanto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, sino a delitos de prevaricación administrativa y cohecho.
La asociación ecologista lamenta que las complicadas diligencias que exige la investigación y la persecución de los delitos urbanísticos, unida a las situaciones de saturación y pocos medios en que se encuentran juzgados locales como el de Ayamonte, pueda desembocar en parones en la acción judicial en estos temas tan necesitados de conclusiones ejemplarizantes.
Para Ecologistas en Acción de Ayamonte supondría un grave retroceso en la cultura democrática que queden impunes los graves destrozos sufridos por nuestro litoral ocupado en prácticamente toda su primera línea de playa en estos últimos años, así como las terribles consecuencias sociales generadas por la apuesta por la especulación inmobiliaria y por quienes se lucraron inflando la burbuja del ladrillo.
Ahora que se anuncian nuevos ataques contra la Ley de Costas, los ecologistas señalan que no hay que olvidar que ésta ya fue burlada en Isla Canela, donde se construyo prácticamente sobre la linea del mar, la playa y las dunas, usando como impúdica coartada legal caducas figuras urbanísticas como la Ley de Centros de Interés Turístico, creadas en la noche del franquismo. Resultan evidentes, aunque sus protagonistas intenten olvidarlas, las responsabilidades políticas que se emanan de estos hechos, a la par que es necesario seguir estudiando las posibles responsabilidades legales en la ejecución de las obras.
Por ello, Ecologistas en acción afirma seguirá defendiendo también en el ámbito judicial el carácter público de las playas, marismas y dunas y para ello, denuncia y denunciará la privatización de estos espacios. Privatización que conlleva en muchas ocasiones negocios sucios , propiciados por especuladores inmobiliarios y con cómplices necesarios en las diferentes administraciones teóricamente encargadas de velar por la defensa del patrimonio público y natural.
Auto judicial
Según reza en el auto judicial dictado por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, que aún no es firme, tras las actuaciones llevadas a cabo por esta instrucción durante tres años, después de que el procedimiento se iniciara a raíz de una exhaustiva investigación por parte del Seprona tras una denuncia anónima, el juez considera que los estudios de detalles -realizado por técnicos del Ayuntamiento con el objeto de adaptar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la realidad física siguiendo los parámetros de diseño de la Ordenanza Municipal de Urbanización-, se hicieron ajustándose a la ley y sin modificar los usos con incumplimiento del Plan General de actuación ni aumentando la edificabilidad, ni reduciendo las zonas verdes de Isla Canela, ya que se llevó a cabo su redistribución.
El Seprona entendía que se habían llevado a cabo irregularidades urbanísticas derivadas de la modificación del planteamiento vigente en Ayamonte mediante un instrumento no apto para ello, el estudio de detalle, con fecha de aprobación del 25 de noviembre. En concreto se referían al estudio de detalle de Playa Central, que modificaba el Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional de Isla Canela, y la alteración y modificación de zonas verdes en perjuicio del interés público, de tal forma que se consideraban ilegales las licencias amparadas en las modificaciones establecidas por dicho estudio de detalle y lo edificado conforme a las mismas.
De hecho cabe recordar que en febrero de 2011 la Guardia Civil requisó documentación de materia urbanística en el Consistorio ayamontino por esta causa, ya que el Seprona entendía que no solo ese estudio de detalle infringía la legislación urbanística vigente, sino que se había generalizado la utilización de este instrumento urbanístico para poder modificar el planeamiento por parte de los técnicos del Ayuntamiento, por tanto con pleno conocimiento del alcalde, al libre albedrío de los mismos, de lo que se desprendía un uso abusivo de la figura de estudio de detalle”.
