Cartaya Pública detecta 'facturas abusivas del agua de hasta 3.000 euros' tras la privatización del servicio

Según la plataforma, esas facturas con cantidades elevadísimas están llegando a los vecinos desde que el Gobierno municipal de ICAR PP, y PA decidió con el apoyo de UPyD privatizar la gestión de ese servicio esencial.Cartaya Pública señala que en no pocos casos, las facturas con cantidades que pueden alcanzar hasta 3.000 euros las han recibido personas mayores que viven solas o familias y negocios con dificultades económicas. Tanto unos como otros, al no poder hacer frente al pago de esas facturas, corren el riesgo de que se les suspenda el suministro de agua.La plataforma exige la paralización inmediata del cobro de facturas abusivas, así como que se depuren las responsabilidades tanto legales como administrativas en las que haya podido incurrir la empresa Aqualia, que es a quien el Gobierno municipal ha entregado el servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas.La plataforma entregó hace casi una semana en el Ayuntamiento las primeras 2.500 firmas que ha recogido en defensa de la gestión pública del agua y la recogida de basura en nuestro municipio, sin que hasta el momento haya recibido contestación alguna por parte del Gobierno municipal. Cartaya Pública considera que ese rechazo tan importante de los cartayeros y cartayeras a la privatización que quiere hacer el Gobierno de ICAR, PP y PA durante 25 años más de ambos servicios hace necesaria la convocatoria de un referéndum para que sea el pueblo quien decida qué se debe hacer con esos servicios esenciales. La propuesta de celebrar esa consulta ha recibido el apoyo de PSOE e IU, que la llevarán este mes al pleno del Ayuntamiento.